En el marco del análisis de las reformas a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y al Código Orgánico Integral Penal (COIP), representantes de organizaciones sociales presentaron sus propuestas para fortalecer la protección, inclusión y atención de este grupo prioritario.
Medardo Maldonado, presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores del Ecuador, señaló que el 58 % de las personas adultas mayores no cuenta con una pensión jubilar, pese a que muchas continúan desarrollando actividades que aportan al desarrollo económico y social del país. Como ejemplo, destacó la realización de ferias nacionales de emprendimiento en Riobamba, Chillanes, Caluma y, próximamente, en El Ángel, espacios que permiten visibilizar y promover las iniciativas productivas de este sector.
Maldonado advirtió que existen personas adultas mayores que subsisten con ingresos de uno o dos dólares diarios. Por ello, planteó garantizar la participación de los municipios en el financiamiento de actividades dirigidas a los grupos de atención prioritaria, mediante la asignación de parte del 10 % de sus ingresos no tributarios.
Alicia Muñoz, integrante de la misma organización, coincidió en la necesidad de asegurar recursos para la atención de las personas adultas mayores y resaltó que la esencia de la Asociación Nacional es el servicio y la defensa de los derechos de este sector de la población.
En este contexto, la presidenta de la Comisión, Diana Jácome, informó que existe una propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, orientada a establecer la obligatoriedad de que los municipios creen espacios destinados a ferias y emprendimientos para las personas adultas mayores.
Por su parte, José Cevallos, director de la Fundación Fundemoz Esperanza, informó que la organización brinda atención directa a 800 personas adultas y beneficia indirectamente a 1.200 familias en 40 barrios y comunidades de los cantones Rumiñahui, Mejía y Quito.
Con relación a las reformas recomendó incorporar una agravante específica por vulnerabilidad etaria en los delitos informáticos, establecer la obligatoriedad estatal de programas de alfabetización y ciberseguridad inclusiva, institucionalizar una Red Nacional de Integración Intergeneracional y promover incentivos para la innovación social.
AM
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