Con 139 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Extradición, una normativa que moderniza los procedimientos existentes y fortalece las herramientas con las que cuenta el Estado ecuatoriano para enfrentar delitos que hoy trascienden nuestras fronteras.
Durante el debate, el asambleísta Andrés Castillo destacó que las leyes deben evolucionar junto con la sociedad y responder a las nuevas realidades que enfrenta el país, particularmente frente a organizaciones criminales que operan a escala internacional.
“El derecho vive de la mano con el desarrollo de la sociedad, y si ahora enfrentamos a la mafia multinacional, es necesario que el Ecuador cuente con reglas suficientes para poder extraditar inclusive a aquellos ecuatorianos que delinquen fuera. Espero se den cuenta que debemos actuar con sentido nacional”, señaló durante su intervención.
Reglas claras frente a un delito que no conoce fronteras
La nueva normativa actualiza integralmente el sistema de extradición ecuatoriano, incorporando definiciones y procedimientos específicos para los procesos de extradición activa y pasiva, delimitando las responsabilidades de las fases administrativa y judicial y estableciendo con mayor claridad el rol de la Corte Nacional de Justicia y de la vía diplomática.
Para Castillo, contar con procedimientos claros y herramientas jurídicas actualizadas es fundamental frente a la transformación que ha experimentado el crimen organizado. Las estructuras delictivas ya no actúan únicamente dentro de las fronteras de un país: articulan operaciones, recursos y redes en distintos territorios, por lo que la respuesta institucional también debe adaptarse a esa realidad.
La reforma busca además reducir la discrecionalidad, fortalecer las garantías procesales y eliminar vacíos que históricamente han dificultado la actuación del Estado en los procedimientos de extradición.
Una herramienta más en la lucha contra el crimen organizado
Durante el tratamiento de la ley se destacó que esta reforma permitirá cerrar espacios utilizados por estructuras criminales para evadir la justicia y agilizar la cooperación frente a delitos de carácter transnacional.
Sin embargo, la aprobación de una nueva normativa de extradición no constituye, por sí sola, una solución al problema de la inseguridad. El fortalecimiento de las herramientas legales debe ir acompañado de instituciones de justicia sólidas y de una lucha permanente contra la corrupción que pueda favorecer la impunidad.
La aprobación de esta ley representa así un paso adicional dentro de una estrategia más amplia para fortalecer la capacidad del Estado frente al crimen organizado.
“Cuando las mafias cruzan fronteras, el Estado no puede responder con herramientas del pasado. Necesitamos reglas claras, instituciones fuertes y, sobre todo, actuar con sentido nacional”.
El proyecto será remitido al Ejecutivo para su respectiva sanción u objeción, conforme lo establecido en la Constitución y la ley.
Andrés Felipe Castillo Maldonado es actualmente asambleísta por la provincia de Pichincha, representante de la circunscripción 1, bajo la bandera del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral 2025 – 2027.
Andrés es abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Estudios Políticos Aplicados por la Universidad Complutense de Madrid; y un Diplomado en Seguridad Pública por el Miami Dade College, Estados Unidos.
Además, ha desempeñado roles como asesor parlamentario, docente universitario y ahora legislador.
