En la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, liderada por la presidenta Mishel Mancheno, se desarrolló el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Igualdad en el Acceso a la Licencia por Calamidad Doméstica, iniciativa que busca eliminar criterios discrecionales y asegurar la aplicación uniforme de este derecho para los servidores públicos y judiciales.
La asambleísta Nathaly Farinango, proponente de la iniciativa, señaló que la reforma responde a una necesidad de equidad y justicia laboral, pues la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y el Código Orgánico de la Función Judicial contemplan este tipo de licencias, pero su aplicación puede variar entre instituciones. “No se crea un nuevo privilegio, sino que se busca garantizar de manera uniforme un derecho que ya existe”, sostuvo.
Farinango explicó que la propuesta establece ocho días de licencia por el fallecimiento del cónyuge, conviviente, padre, madre o hijos; tres días por el fallecimiento de otros familiares comprendidos en los grados de consanguinidad y afinidad establecidos en la ley; y hasta ocho días, debidamente justificados, por enfermedad grave o accidente de familiares directos, así como por siniestros que afecten gravemente los bienes del servidor o servidora pública.
La legisladora Naila Quintana, ponente del informe, destacó que una calamidad doméstica implica una situación familiar que puede requerir cuidado, acompañamiento y atención inmediata. Señaló que personas que atraviesan circunstancias similares no deberían recibir un tratamiento diferente dependiendo de la institución en la que trabajan.
Enfatizó que la reforma no plantea una ampliación arbitraria de derechos, sino reglas objetivas que permitan ejercerlos con seguridad jurídica. “El Estado no debería añadir incertidumbre a una situación familiar que ya es difícil”, manifestó, al señalar que el primer debate permite recoger observaciones y perfeccionar la propuesta antes de su segundo tratamiento.
Durante la sesión, los asambleístas Sergio Peña, Nuria Butiñá, María Cristina Acuña, Roberto Cuero, Christopher Jaramillo y Carmen Tiupul coincidieron en la necesidad de contar con plazos claros y criterios uniformes para evitar que el ejercicio de este derecho dependa de la interpretación de las unidades de talento humano.
Concluido el primer debate, el proyecto continuará su trámite legislativo en la Comisión. Las observaciones serán analizadas para fortalecer una propuesta que garantice igualdad, seguridad jurídica y condiciones dignas ante situaciones de duelo, enfermedad, accidente o emergencia familiar.
RSA
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