La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Erradicación y Sanción de la Pornografía con Utilización de Niñas, Niños o Adolescentes, recibió los criterios del especialista en derecho David Crespo, quien recomendó revisar varios aspectos de la propuesta con el propósito de garantizar una protección efectiva de las víctimas y, al mismo tiempo, asegurar el respeto a los principios constitucionales.
Crespo respaldó la finalidad de la iniciativa y destacó la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado frente a la explotación sexual infantil, especialmente en el entorno digital. Sin embargo, observó que la normativa requiere ajustes en materia de proporcionalidad de las penas, presunción de inocencia, protección de datos personales, legalidad penal y garantías para el bloqueo y la preservación de contenidos digitales.
Entre sus principales observaciones, planteó eliminar la posibilidad de publicar la identidad y la imagen de personas que únicamente hayan sido detenidas, debido a que esto podría vulnerar la presunción de inocencia y generar una condena social anticipada. También recomendó reformular la definición de material de abuso sexual infantil y evitar que los catálogos administrativos puedan modificar elementos de los tipos penales.
Asimismo, propuso que la eliminación del contenido de abuso sexual en Internet sea considerada una medida prioritaria de protección y reparación para evitar la revictimización y la circulación permanente de este material.
Crespo también recomendó revisar la escala de penas mediante un análisis de proporcionalidad; articular la nueva inhabilitación con el artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal; sustituir el concepto de “medidas socioeducativas” por medidas educativas, terapéuticas o de restitución de derechos; y realizar un análisis económico que determine el impacto presupuestario de las nuevas obligaciones institucionales.
Finalmente, sostuvo que proteger a niñas, niños y adolescentes implica construir una norma constitucionalmente sólida que permita una actuación eficaz de jueces, fiscales, policías y operadores tecnológicos, fortalezca la cooperación internacional y garantice los derechos de las víctimas.
JC
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