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En la sesión 076, Benavides señaló que el ordenamiento territorial se encuentra articulado a más de 40 marcos legales, por lo que cualquier reforma debe analizarse de manera integral y en concordancia con la normativa vigente, advirtiendo que leyes construidas con buena intención suelen generar conflictos y vacíos normativos en su aplicación práctica.
Sobre la personería jurídica de los barrios, planteó diferenciar claramente entre barrio, consejo y comité barriales, para evitar disputas de representación comunitaria, y recomendó registros organizativos armonizados con la Ley de Participación Ciudadana. Respecto a la venta directa de bienes municipales a arrendatarios y posesionarios, consideró viable la propuesta siempre que incorpore peritos evaluadores independientes y fortalezca el control de catastro y avalúos, advirtiendo sobre riesgos de especulación y corrupción en adjudicaciones por debajo del valor real, y recomendó mecanismos como el derecho de superficie previsto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo.
La especialista concluyó recomendando actualizar catastros, definir con claridad el concepto de posesión y armonizar la reforma con el Código Civil, la Ley de Contraloría, la Ley de Participación Ciudadana y la normativa sobre pueblos y nacionalidades indígenas, además de incorporar disposiciones transitorias para que los municipios adecuen sus ordenanzas.
