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En la sesión 081, presidida por Lucía Pozo Moreta, Morales señaló que el proyecto guarda coherencia con la Constitución y con el ordenamiento jurídico vigente, y que las reformas fortalecen los principios de coordinación, cooperación y articulación entre el Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados, sin afectar sus competencias exclusivas en uso y gestión del suelo.
El experto destacó que la iniciativa busca consolidar la participación del sector constructor privado como aliado estratégico para garantizar el acceso a vivienda digna, optimizando recursos públicos mediante mecanismos de cooperación. Resaltó la incorporación de disposiciones sobre proyectos nacionales estratégicos de construcción inmobiliaria, la clasificación de vivienda de interés social y de interés público, y la simplificación de procedimientos administrativos.
La presidenta de la Comisión destacó la importancia de incorporar criterios técnicos de expertos nacionales para enriquecer el debate legislativo y fortalecer las iniciativas orientadas a ampliar el acceso de las familias ecuatorianas a soluciones habitacionales dignas y sostenibles.
