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En la sesión 088, López señaló que el déficit habitacional alcanza al 46,2% de los hogares ecuatorianos y que alrededor de 1,5 millones de personas viven en situación de hacinamiento, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas en esta materia.
El especialista destacó que el acceso al suelo, el financiamiento y la generación de conocimiento constituyen tres pilares fundamentales para impulsar la vivienda de interés social, y presentó un análisis de fortalezas, riesgos y aspectos de mejora de las iniciativas de los asambleístas Lucía Pozo y Johnny Terán. Entre sus diez recomendaciones planteó revisar el arrendamiento con opción de compra, evaluar el arrendamiento social mediante alianzas público-privadas, equilibrar demanda y oferta, articular incentivos fiscales, gestionar el suelo para prevenir la especulación, fortalecer la seguridad jurídica, definir competencias de los GAD e incorporar un enfoque de género y de grupos prioritarios.
Las recomendaciones fueron incorporadas como insumo para el debate legislativo, orientado a garantizar que la reforma incentive una mayor oferta de vivienda de interés social sin descuidar la protección de los grupos de atención prioritaria
