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En la sesión 090, la presidenta de la mesa legislativa, Lucía Pozo, señaló que el proceso se desarrollará con estricto apego al debido proceso y a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, garantizando transparencia, objetividad y celeridad en el cumplimiento del encargo dispuesto por el Pleno.
La fiscalización tendrá un plazo máximo de 90 días, periodo en el cual se recopilarán elementos de juicio para la elaboración del informe respectivo, que contendrá conclusiones, observaciones y recomendaciones. Como parte del proceso, la Comisión podrá solicitar información, documentación e informes técnicos, y convocar a comparecer a autoridades, servidores públicos, representantes institucionales y especialistas.
Con el inicio formal de este proceso, la Comisión estableció el marco de trabajo para el desarrollo de las investigaciones sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de las autoridades seccionales del país.
