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En la sesión 092, Jaramillo centró su análisis en la corrupción como un problema grave y de alcance global, señalando que, según Transparencia Internacional, Ecuador se ubicó en 2025 en el puesto 116 entre 182 países evaluados.
El experto advirtió que en los GAD persisten fenómenos como la continuidad familiar en cargos de elección popular, la escasa conciencia ciudadana, la falta de transparencia, la limitada aplicación de tecnología, la ausencia de tipificación del delito de corrupción urbanística y la ambigüedad en la Ley de Extinción de Dominio. Recomendó continuar con el proceso de fiscalización, remitir resultados a la Fiscalía General del Estado, solicitar información a la Contraloría y a la UAFE, y ampliar el ámbito de fiscalización a las juntas parroquiales.
La presidenta de la Comisión, Lucía Pozo, aclaró que el proceso de fiscalización es integral y no responde a persecución política, señalando que se ha solicitado información a la Contraloría, la UAFE, el Registro Civil, el Ministerio del Trabajo, el SRI y la Superintendencia de Compañías, y exhortó a la ciudadanía a remitir informació
