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En la sesión 098, se estableció que la propuesta es jurídicamente viable al desarrollar el derecho a una vivienda adecuada y digna previsto en la Constitución, fortalecer los instrumentos de la política pública de vivienda de interés social y actualizar el marco jurídico para optimizar la gestión institucional.
Durante el tratamiento se analizaron diversas propuestas de reforma, incorporando aquellas compatibles con la Constitución, el régimen de distribución de competencias y los principios de sostenibilidad fiscal y seguridad jurídica. El informe señala que las reformas respetan las competencias exclusivas de los GAD en ordenamiento territorial y uso del suelo, fortalecen la coordinación interinstitucional y perfeccionan el procedimiento administrativo simplificado, manteniendo armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a una vivienda adecuada y digna.
Con base en estas consideraciones, la mesa legislativa recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional conocer el proyecto en primer debate y continuar con el trámite legislativo previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
