La Comisión del Derecho a la Salud continúa el análisis del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, previo a su segundo debate. En esta jornada recibió los aportes técnicos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), orientados a fortalecer la prevención, atención integral, regulación y protección de derechos.
En representación del Viceministerio del Deporte, la nutricionista Paola Tapia Castillo planteó precisar el ámbito de aplicación de la norma para garantizar el acceso a tratamientos tanto en el sistema público como privado. Explicó que esta precisión permitiría establecer parámetros claros para que la obesidad sea reconocida como una enfermedad y no como una condición de carácter estético, evitando interpretaciones que puedan limitar la cobertura de tratamientos por parte de compañías de seguros privados.
Entre sus propuestas, destacó incorporar los determinantes sociales y económicos de la salud, reconocer a la cultura física y la actividad física como componentes de la prevención y promoción de la salud, y eliminar el término “obesidad mórbida” por considerarlo estigmatizante. También recomendó priorizar intervenciones no farmacológicas, como el ejercicio terapéutico, la rehabilitación metabólica y el manejo integral del estilo de vida, con participación de profesionales especializados.
En el ámbito educativo, propuso fortalecer actividades lúdicas, recreativas y de movimiento que incentiven la práctica cotidiana de actividad física dentro y fuera de los establecimientos educativos, con especial atención a grupos prioritarios y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, planteó fortalecer la participación de profesionales de la cultura física y las ciencias del deporte en los equipos multidisciplinarios y promover, desde los gobiernos autónomos descentralizados, espacios públicos destinados a la actividad física permanente.
Por su parte, el director ejecutivo de Arcsa, Daniel Sánchez, presentó observaciones enfocadas en cuatro ejes: prevención, atención integral, regulación y vigilancia sanitaria, y competencias y régimen sancionatorio.
Propuso que la ley tenga un enfoque integral de prevención del sobrepeso y la obesidad, promoción de entornos saludables y protección de derechos, con responsabilidades claramente definidas para las instituciones públicas y privadas. También sugirió fortalecer la regulación de productos, publicidad y declaraciones nutricionales o terapéuticas, así como establecer controles sobre la promoción de productos o tratamientos que carezcan de evidencia científica.
Sánchez recomendó que el tratamiento se adapte a la condición clínica de cada paciente y se base en evidencia científica y guías de práctica clínica. Además, señaló precisar infracciones y sanciones, fortalecer el control de medicamentos y dispositivos médicos, y mejorar la coordinación institucional para la implementación y evaluación de la ley.
RSA
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