El informe sobre los contratos del sector eléctrico se fundamenta en pruebas documentales, comparecencias e informes técnicos de la Contraloría General del Estado.
El documento legislativo traslada el expediente a los órganos competentes para exigir sanciones a los responsables y la reparación integral al Estado.
En cumplimiento de su mandato constitucional de control político, la Asamblea Nacional pone a conocimiento del país el trabajo de fiscalización en torno a los contratos de generación eléctrica de emergencia suscritos por CELEC EP durante la crisis energética de 2024.
A través de un proceso amplio y riguroso, la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social analizó expedientes certificados y recibió comparecencias de las autoridades del sector y de los órganos de control. Este ejercicio fiscalizador permitió delimitar de manera objetiva las responsabilidades administrativas y operativas de quienes intervinieron directamente en la calificación, adjudicación, suscripción y administración de dichos procesos.
El informe parlamentario ratifica que el control político debe ejercerse estrictamente sobre la base de la ley y la evidencia documental.
Cumplimos con nuestra labor de fiscalización. Esto no termina aquí; la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado continúan con las investigaciones a partir de los insumos y hallazgos remitidos por esta Función del Estado. La Asamblea Nacional exige que estas acciones avancen con celeridad y firmeza para sancionar a los responsables públicos y privados, salvaguardar los recursos públicos y garantizar respuestas claras a la ciudadanía.
