La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió nuevos aportes de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (FEDESEG) y la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada (AEEMIP) al Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, que se encuentra en trámite para segundo debate.
Las instituciones destacaron la importancia de garantizar una atención integral a las personas con obesidad, considerada una enfermedad crónica, y coincidieron en la necesidad de que las nuevas disposiciones contemplen criterios de sostenibilidad, progresividad y planificación, así como una adecuada evaluación de sus impactos.
La representante de la Superintendencia de Compañías, Verónica Rodríguez, señaló que el texto actualizado recoge las principales observaciones formuladas previamente por la institución, particularmente respecto de la incorporación de nuevas obligaciones de cobertura. Explicó que cualquier nueva prestación debe considerar su impacto técnico y financiero, a fin de preservar la estabilidad de los sistemas de seguros privados y medicina prepagada.
Por su parte, el secretario ejecutivo de FEDESEG, Patricio Salas, resaltó que el aseguramiento privado requiere sostenibilidad actuarial y una adecuada administración de los riesgos. Señaló que la prevención, la educación y la promoción de hábitos saludables deben constituir componentes prioritarios de la política pública frente al sobrepeso y la obesidad. Recordó, además, que la garantía del derecho a la salud corresponde al Estado y que el sector privado cumple un papel complementario dentro del Sistema Nacional de Salud.
Desde la AEEMIP, María Fernanda Ulloa destacó la importancia de diferenciar la prestación de servicios médicos del financiamiento de la salud. Explicó que la incorporación obligatoria de nuevas coberturas puede generar mayores costos y, consecuentemente, incrementos en las tarifas de los planes de medicina prepagada, con el riesgo de que usuarios abandonen este mecanismo de financiamiento y aumente la demanda sobre el sistema público.
Ulloa señaló que el sector de medicina prepagada financia actualmente alrededor de USD 500 millones anuales en prestaciones para aproximadamente 1,5 millones de usuarios, por lo que consideró necesario evaluar el impacto económico de las nuevas obligaciones antes de incorporarlas a la normativa.
RSA
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