La Comisión de Seguridad Integral continuó con el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones No Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad, unificado con el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Sistema de Videovigilancia, para lo cual recibió las propuestas del Ministerio del Interior, orientadas a fortalecer la seguridad penitenciaria, modernizar los sistemas tecnológicos y mejorar la coordinación interinstitucional.
Santiago Ruíz, viceministro del Sistema de Rehabilitación Social, planteó la creación de un ecosistema nacional de seguridad que integre cámaras, lectores automatizados de placas, sensores, analítica de video, biometría legalmente habilitada y centros de monitoreo. Propuso que el Ministerio del Interior ejerza la rectoría; el ECU 911 cumpla funciones técnicas de procesamiento de información; y la Policía Nacional tenga el uso operativo y analítico de estos sistemas.
En este marco, señaló la necesidad de fortalecer la interoperabilidad de las plataformas de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y operadores privados, mediante la transmisión obligatoria de metadatos y alertas críticas, como placas, ubicación, georreferenciación, fecha y hora. También propuso auditorías periódicas, protocolos de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, interoperabilidad de drones y sistemas móviles, así como establecer plazos para que los GAD ejecuten sus planes de integración al ecosistema nacional.
Por su parte, William Martínez, director de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, propuso reemplazar la inhibición analógica por mecanismos de inhibición selectiva, que permitan identificar y bloquear las comunicaciones originadas dentro de los centros penitenciarios, sin afectar las frecuencias utilizadas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el ECU 911. Para ello, planteó el uso de microceldas, confinamiento de ondas, geocercas y sistemas de acceso gestionado.
También planteó fortalecer la detección y trazabilidad de dispositivos no autorizados, considerando que las comunicaciones mediante datos, redes y wifi superan las limitaciones de la inhibición tradicional. Asimismo, utilizar los teléfonos celulares incautados como fuente de inteligencia, mediante su etiquetación, cadena de custodia y pericias, para determinar desde qué celda o pabellón se realizaron las comunicaciones y establecer posibles conexiones con personas que operan en el exterior.
Finalmente, formuló fortalecer la coordinación entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el SNAI, la Fiscalía, la UAFE y ARCOTEL, además de establecer sanciones para quienes participen desde el exterior en comunicaciones no autorizadas y para los servidores que permitan el ingreso de dispositivos prohibidos.
Por otra parte, la Comisión recibió a Pamela Chiriboga, especialista en Derechos Humanos, en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Entre sus propuestas incluye eliminar perIodos de espera para activar la búsqueda, realizar de forma simultánea la búsqueda y la investigación penal, investigar posibles desapariciones forzadas y garantizar la participación de familiares y víctimas. Además, propuso incorporar enfoques diferenciados, asegurar recursos para la reforma y fortalecer la capacitación, trazabilidad y rendición de cuentas.
JC
