El fin de semana, el riesgo país cerró en 419 puntos, un indicador macroeconómico que el gobierno y sus medios de comunicación adulones venden como prueba de que Ecuador goza de mayor confianza del mercado internacional. Confianza de quién, en qué y para qué es la verdadera cuestión. El riesgo país es el costo al que se financia el Estado: un diferencial de rendimiento que compara lo que pagan los bonos de deuda ecuatorianos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que el mercado toma como referencia de riesgo mínimo.
El riesgo país funciona, en realidad, como un termómetro: mide la fiebre, pero no cura la enfermedad. Y esa lectura, de nuevo, solo tranquiliza a los tenedores de la deuda: el poder financiero nacional e internacional y, por supuesto, al propio gobierno. Sería una ventaja para el país si ese menor costo del dinero se tradujera en inversión pública y productiva, si ayudara a financiar proyectos bien pensados para el desarrollo. Lo cierto es que nada de eso ocurre: al final, al país, solo le queda pagar la deuda.
Lo que sí le importa al régimen es que organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) —con quien desde mayo de 2024 firmó un programa de deuda por 5.000 millones de dólares hasta 2028— publiquen sus acostumbrados informes periódicos, condicionados a futuros desembolsos, concluyendo que la revisión fue un éxito y que nuestro «bien portado» país —mejor dicho, el gobierno— se comporta según dictan sus eufemísticamente llamados ajustes, rumbo a la estabilidad, la sostenibilidad y el equilibrio fiscal.
Del acuerdo con el FMI ya se han desembolsado 3.700 millones. De hecho, a mediados de este mes se espera la sexta revisión para evaluar el cumplimiento de metas y compromisos y, apoyado en indicadores como el riesgo país, el gobierno recibirá 390 millones de dólares más de deuda. ¿A dónde irán esos recursos? Posiblemente, como antes con la consulta popular, se usen como herramienta electoral, porque, a pesar de todas las trabas a la democracia, se acercan las elecciones seccionales, y es precisamente en época electoral cuando el gobierno de Noboa se vuelve «sensible a las necesidades del pueblo» y lanza programas sociales y bonos para, en los hechos, comprar votos.
Mientras por un lado se celebran el riesgo país y las reservas internacionales, el desabastecimiento de medicinas en el sistema de salud pública y del IESS —según la Organización Mundial de la Salud (OMS)— ha empujado directamente a la pobreza a hasta 600.000 personas, como consecuencia de pagar de su bolsillo consultas, exámenes, procedimientos o medicamentos que el sistema estatal no cubre. Son cotidianos los testimonios de pacientes a quienes, en los hospitales, solo les entregan la receta impresa que se limita a un papel, porque simplemente no hay ni medicinas ni los equipos necesarios para exámenes y tratamientos, que el gobierno debería asegurar, y que al adquirirlos en el sector privado, para muchas familias se convierte en la antesala de sobreendeudamiento y pobreza.
Esta crisis de salud se conjuga con una violencia que no cede y con el incremento de la pobreza; por ejemplo, la carencia por necesidades básicas insatisfechas en menores de 11 años pasó, entre 2023 y 2025, de 37,3 % a 41,7 %.
Ante esta multicrisis, el riesgo país es una lectura no solo incompleta, sino maniquea, de la realidad nacional: un espejismo de cifras que el gobierno trata de anunciar como gran logro. Hoy el 80 % de la ciudadanía reprueba al gobierno de Noboa, y esa marea de descontento ya avanza hacia las urnas. Es cuestión de tiempo: las seccionales serán otro noviembre negro para el régimen.
Hijo, hermano, comprometido con la justicia social y la dignidad humana.
Experiencia laboral
