La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió los aportes de Marcela Estrella, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, durante el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, respecto de los Títulos III y IV del Libro IV.
Estrella advirtió sobre la utilización y reclutamiento de adolescentes por parte de organizaciones criminales. Señaló que esta realidad debe ser abordada desde una respuesta estatal, pero compatible con los principios de la justicia juvenil especializada y con el objetivo de reintegración social de los adolescentes.
La especialista observó que la propuesta plantea una ampliación de los márgenes temporales del Estado en instituciones como la flagrancia, el internamiento preventivo, la investigación previa y la prescripción. A su criterio, estas modificaciones requieren una justificación técnica sustentada en evidencia que permita determinar si los plazos vigentes han impedido concluir investigaciones o procesos.
Entre sus recomendaciones, planteó fortalecer las garantías de defensa y el control judicial, mantener los 90 días de internamiento preventivo como regla general y considerar eventuales prórrogas únicamente de manera excepcional, con motivación específica, control judicial periódico y siempre que la demora no sea atribuible al Estado. También propuso regular con mayor precisión los procedimientos para el traslado de adolescentes desde zonas de difícil acceso.
Consideró necesario incorporar medidas específicas frente al reclutamiento y utilización de adolescentes por organizaciones criminales, incluyendo prevención territorial y educativa, detección temprana, protección de adolescentes amenazados, programas de desvinculación segura, investigación prioritaria de los adultos reclutadores y coordinación entre las instituciones responsables de la justicia juvenil.
Para concluir, recomendó que la Comisión solicite información a la Fiscalía General, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Policía Nacional y entidades responsables de los centros de internamiento, a fin de contar con datos sobre duración de investigaciones, procesos, internamientos y causas prescritas. Señaló que el proyecto requiere una revisión sustancial y una “urgencia técnica” que permita garantizar una respuesta efectiva frente a la delincuencia, sin debilitar los derechos y garantías propios de la justicia juvenil especializada.
MEV
