La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en el marco del análisis del Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, para garantizar la validez y aceptación de la cédula de identidad en formato físico o digital, escuchó a representantes de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) y de la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP), quienes formularon recomendaciones orientadas a precisar algunos aspectos de la propuesta.
En este contexto, Juan Pablo Puchaicela, delegado de ARCOTEL, destacó la iniciativa, al considerar que responde a una realidad tecnológica y administrativa que requiere una adecuada articulación normativa. Señaló que se debe garantizar que la ciudadanía pueda acreditar su identidad mediante mecanismos oficiales, sin que el formato del documento se convierta en una barrera para el ejercicio de sus derechos.
Añadió que la aceptación de documentos digitales no debe estar condicionada a que los ciudadanos dispongan de acceso a tecnología o conectividad, pues corresponde a las instituciones facilitar los trámites y servicios públicos. En este sentido, consideró necesario establecer con claridad los mecanismos de interoperabilidad que deberán utilizar las entidades, particularmente la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación y la DINARP, para verificar la validez de los documentos digitales.
Por su parte, Paolo Grijalva, director nacional de Registros Públicos, sugirió realizar precisiones en los considerandos de la propuesta, con el propósito de incorporar disposiciones previstas en el Reglamento a la Ley de Registro de Datos Públicos y en la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, que contribuyan a respaldar el uso de los documentos.
Asimismo, planteó incorporar una reforma a la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos para reconocer no solo la validez de la cédula en ambos formatos, sino también la de otros documentos de identificación, como la licencia de conducir y la papeleta de votación.
Además, propuso establecer restricciones para la copia o almacenamiento de la información contenida en estos documentos por parte de las entidades que la soliciten, cuando su uso tenga fines distintos de la verificación de su validez y vigencia.
EG
