La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes avocó conocimiento del Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales y de Exposición Económica, presentado por el legislador Luigi García y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el objetivo de iniciar su tratamiento y, de ser el caso, proceder a su unificación con otras iniciativas de la misma materia.
García explicó que el desarrollo de las tecnologías y las redes sociales ha generado nuevas formas de generación y monetización de ingresos, en las que también participan niñas, niños y adolescentes. Señaló que, a diferencia de las formas tradicionales de trabajo infantil contempladas en la normativa vigente, la creación de contenido digital constituye una actividad difícil de identificar y controlar, pues no permite determinar fácilmente las horas de exposición, los ingresos generados o la forma en que estos son administrados por los representantes de los menores.
Uno de los principales componentes de la propuesta es la protección del patrimonio generado por los menores. Para ello, planteó establecer una reserva patrimonial mínima del 30 % de los ingresos obtenidos, además de mecanismos como un fideicomiso de beneficiario único, contabilidad separada, trazabilidad de los recursos y rendición de cuentas obligatoria por parte de padres o representantes. También contempla la nulidad de cláusulas abusivas y mecanismos de auditoría especializada para garantizar que los recursos permanezcan destinados al beneficio del menor.
El legislador también advirtió que la sobreexposición en redes sociales también puede generar riesgos relacionados con el hostigamiento, la sexualización, la estigmatización, el grooming y otras afectaciones que podrían dejar consecuencias psicológicas o físicas a largo plazo. En este sentido, sostuvo que la propuesta tiene un carácter preventivo y busca que Ecuador establezca reglas antes de que se presenten casos como los registrados en otros países, donde ya existen regulaciones sobre la participación de menores en actividades económicas vinculadas con plataformas digitales.
Para concluir, precisó que el proyecto contempla cinco ejes técnicos: autorización y control de estas actividades mediante un registro; protección patrimonial y diligencia reforzada de padres, representantes e instituciones; medidas de protección y sanciones ante incumplimientos; reparación frente a posibles daños ocasionados por la sobreexposición; y un régimen sancionador basado en el Código Orgánico Administrativo, con infracciones leves, graves y muy graves.
Aclaró que la iniciativa no busca criminalizar a las familias, censurar las redes sociales ni impedir que los menores desarrollen y muestren sus talentos, sino establecer reglas que permitan proteger sus derechos frente a estas nuevas actividades económicas.
MEV
