En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominada Ley Antimafias, la Comisión de Seguridad Integral recibió las observaciones de Alicia Contero, directora del Proyecto Crime Lab 2.0 de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), y de los expertos en Derecho Penal César Guevara y Emilio Suárez.
Contero planteó fortalecer la capacidad del Estado para investigar y afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Para ello, propuso establecer un plazo de instrucción diferenciado para los casos de criminalidad compleja, considerando que este tipo de investigaciones involucra numerosos procesados, múltiples bienes y posibles concursos de delitos.
Asimismo, recomendó incorporar de manera expresa el análisis financiero forense en la investigación penal y permitir que la Fiscalía General impulse de oficio las pericias financieras desde las primeras etapas del proceso. Explicó que estas investigaciones requieren recopilar y analizar información patrimonial, societaria y tributaria, tanto nacional como internacional, así como reconstruir la trazabilidad de las transacciones.
Como tercera medida, propuso revisar los indicadores de gestión de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Policía, para que la evaluación institucional no se concentre únicamente en el número de detenidos o condenados, sino que considere también la capacidad de afectar económicamente a las organizaciones criminales.
Contero destacó como aspectos positivos de la reforma la diferenciación de roles dentro de las estructuras criminales, el fortalecimiento de la cooperación eficaz y la regulación de los bienes incautados. Destacó que esto puede contribuir a desarticular las estructuras criminales y consideró fundamental fortalecer la investigación financiera para complementar estos esfuerzos y afectar las fuentes económicas que sostienen sus actividades ilícitas.
Por su parte, Emilio Suárez centró sus observaciones en el régimen de administración de los bienes incautados. Señaló que, al tratarse de medidas cautelares, el Estado debe garantizar su conservación y eventual devolución, evitando que los bienes pierdan valor durante el proceso. En este sentido, recomendó establecer un sistema especializado que permita su custodia, administración y generación de rendimientos económicos.
También planteó precisar la protección de los derechos de terceros ajenos al proceso penal, así como establecer reglas claras para el tratamiento de bienes abandonados, la venta anticipada y el manejo de los recursos obtenidos. Suárez recomendó que la iniciativa contemple un marco legal y operativo claro para no permanezcan almacenados y pierdan valor, sino que puedan ser administrados de manera eficiente y contribuir a las acciones del Estado contra el crimen organizado.
La Comisión continuará recibiendo observaciones y aportes de los distintos sectores, con el propósito de fortalecer el contenido del proyecto de ley y contar con una normativa efectiva para enfrentar el crimen organizado.
JC
