En la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo (ESPOCH), la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social inició el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público para la Inserción del Primer Empleo de Jóvenes Graduados en el Sector Público, una iniciativa que busca reducir las barreras de acceso al primer empleo para jóvenes profesionales.
La sesión desarrollada en el marco de la conmemoración del Día de la Fundación del Ecuador, permitió a los legisladores conocer los argumentos del proponente, José Luis Nango Cuji, quien explicó que la propuesta busca evitar que la falta de experiencia laboral se convierta en una barrera automática para jóvenes que han culminado su formación académica.
El proyecto plantea que, para determinados cargos iniciales, operativos, técnicos, administrativos y profesionales junior, la experiencia no constituya un requisito habilitante. Al mismo tiempo, mantiene los concursos de méritos y oposición, los requisitos académicos, las evaluaciones y la comprobación de conocimientos. La experiencia continuaría siendo exigible en cargos que, por su naturaleza técnica, especializada o nivel de responsabilidad, así lo requieran.
Nango enfatizó que la iniciativa no establece contrataciones automáticas ni cuotas por edad, ni elimina la meritocracia. Su objetivo es que los jóvenes puedan competir en igualdad de condiciones y demostrar sus capacidades, incorporando además como elementos valorables las prácticas preprofesionales, pasantías, proyectos de vinculación e investigación y otras experiencias formativas.
Durante la jornada, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Carmen Tiupul, destacó la necesidad de generar oportunidades reales para los jóvenes profesionales y sostuvo que la legislación debe responder a las condiciones y necesidades de la ciudadanía, bajo principios de mérito, transparencia e igualdad.
El legislador Christopher Jaramillo resaltó el aporte que los jóvenes pueden realizar al servicio público mediante sus conocimientos, capacidades e ideas innovadoras. A su vez, Humberto Alvarado consideró positiva la intención del proyecto, y planteó observaciones relacionadas con la disponibilidad presupuestaria, la existencia efectiva de plazas y aspectos técnicos del articulado, como la definición de “profesional junior” y el período considerado desde la graduación.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Eckenner Recalde, destacó la importancia de legislar para las mayorías y generar oportunidades para la juventud. Señaló que la propuesta deberá articularse con las normas técnicas de administración del talento humano y con la necesidad de reconocer adecuadamente las prácticas profesionales como parte de la experiencia formativa.
En la sesión también participó María Belén Bonilla Albán, en calidad de asambleísta por un día, quien planteó incorporar el enfoque de igualdad material y acciones afirmativas, considerando las brechas sociales, económicas, territoriales y de discapacidad que pueden limitar el acceso efectivo de los jóvenes a los concursos públicos.
Los legisladores reafirmaron su compromiso de legislar desde los territorios, escuchar las voces de la ciudadanía y debatir soluciones a las problemáticas que enfrenta el país. El proyecto continuará su análisis en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, donde se recibirán aportes y observaciones para su construcción legislativa.
RSA