La Comisión del Derecho a la Salud recibió nuevos aportes técnicos, médicos, psicológicos y jurídicos para fortalecer el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, que se encuentra en trámite para segundo debate.
Durante la jornada participaron el médico Pablo Arévalo, especialista en Geriatría y Gerontología; la psicóloga clínica Daniela Suárez, especialista en Cuidados Paliativos; y Nino Cassanello, magíster en Derecho Penal y especialista en Derecho Constitucional y Penal, quienes presentaron observaciones desde sus respectivos ámbitos profesionales.
Desde la perspectiva jurídica, Cassanello propuso revisar las disposiciones relacionadas con las personas que no pueden expresar su voluntad y se encuentran bajo representación legal, a fin de precisar su tratamiento dentro del procedimiento y prevenir eventuales conflictos constitucionales. Además, recomendó ajustar los tipos penales sobre el ocultamiento o la no presentación de documentos de voluntad anticipada, para garantizar mayor precisión en las conductas que serían sancionadas y su compatibilidad con el principio de tipicidad.
En el ámbito clínico, Arévalo planteó incorporar de manera expresa el enfoque de envejecimiento y las disposiciones aplicables a las personas adultas mayores. Entre sus propuestas constan precisar los criterios para valorar la capacidad de decisión y las voluntades anticipadas; ampliar las formas de revocatoria del consentimiento; establecer causales de suspensión ante condiciones clínicas reversibles; y reconocer que el sufrimiento puede comprender dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales.
Asimismo, observó la conveniencia de revisar el criterio de un pronóstico de seis meses de vida como condición rígida, debido a las dificultades médicas para establecerlo con certeza. Sugirió, además, ajustar la conformación de los comités para garantizar una evaluación interdisciplinaria y acorde con la disponibilidad actual de profesionales especializados. A esto sumó el fortalecimiento de las disposiciones sobre acceso efectivo a cuidados paliativos, voluntades anticipadas y objeción de conciencia.
Por su parte, Suárez destacó que la valoración de una solicitud de eutanasia debe comprender el sufrimiento como una experiencia individual y multidimensional, e incorporar la participación de profesionales de psicología clínica para evaluar la capacidad de decisión y comprender factores como temores, desesperanza, percepción de ser una carga y recursos de afrontamiento.
A criterio de la especialista, informar sobre cuidados paliativos no equivale a garantizar su acceso. Por ello, propuso que estos constituyan una alternativa real, disponible y de calidad, e incorporar los principios de integralidad y no abandono, de manera que ninguna decisión relacionada con la eutanasia implique dejar de recibir cuidados y acompañamiento.
Durante el debate, los legisladores y los expertos intercambiaron criterios sobre la conveniencia de evitar plazos rígidos para la valoración psicosocial, la necesidad de una evaluación continua e interdisciplinaria y los criterios para determinar la capacidad de decisión en casos de depresión u otras condiciones que puedan incidir en el proceso.
RSA
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