En el debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, la Comisión de Régimen Económico recibió a los expertos Alan Sierra y Mercedes Recalde, quienes expusieron criterios técnicos sobre el funcionamiento actual del sistema nacional de prevención y las propuestas de reforma.
Sierra señaló que el país ya cuenta con un sistema integrado de información y coordinación que articula a instituciones públicas y privadas alrededor de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). En ese sentido, consideró necesario perfeccionar las herramientas existentes, mejorar la interoperabilidad y aprovechar de manera más eficiente las bases de datos disponibles, antes que duplicar estructuras.
El experto destacó el valor de los datos que generan instituciones como el Servicio de Rentas Internas, las superintendencias y el Servicio Nacional de Aduana, entre otras, así como de los reportes provenientes de los sujetos obligados del sector privado. Subrayó que el reto consiste en elevar la calidad de los datos, reducir los falsos positivos y optimizar los procesos de análisis, de modo que estos se conviertan en inteligencia financiera útil para la prevención y detección del lavado de activos.
También planteó una mayor incorporación del sector privado al sistema antilavado, especialmente de sectores como el inmobiliario, la construcción, la minería, la comercialización de vehículos, los notarios, abogados y contadores, de acuerdo con las obligaciones establecidas en la normativa. Explicó que la capacitación y el cumplimiento adecuado de la debida diligencia pueden contribuir a prevenir riesgos, proteger a las empresas y consolidar una cultura de prevención.
Por su parte, Recalde recordó que la UAFE ya tiene entre sus atribuciones la integración y análisis de información financiera y económica, así como el desarrollo y fortalecimiento de herramientas tecnológicas. Indicó que el principal desafío no necesariamente es generar más datos, sino mejorar su calidad, ampliar la capacidad analítica, incorporar herramientas como la inteligencia artificial y capacitar a quienes producen y reportan información.
En este contexto, llamó la atención sobre la conveniencia de definir con claridad qué institución administraría un eventual nuevo sistema, considerando sus costos, competencias, seguridad y protección de datos. Enfatizó que cualquier reforma debería priorizar la calidad sobre la cantidad, evitar duplicidades, reducir cargas administrativas y garantizar la confidencialidad de la información.
MEV
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