La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, con seis votos, aprobó el informe de fiscalización al sistema educativo nacional, que examina el cumplimiento de los objetivos del sector en aspectos como la compra de uniformes, dotación de libros, infraestructura, funcionamiento de los departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), situación del personal bibliotecario, equiparación salarial, recategorización y escalafonamiento docente, pago de incentivos jubilares, entre otros.
Entre las conclusiones, la mesa legislativa plantea fortalecer la gestión del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura para atender las demandas de las provincias y cantones del país y garantizar el acceso a la educación en todos los niveles de enseñanza.
El informe incluye recomendaciones específicas. En educación intercultural bilingüe, se solicita realizar reuniones técnicas con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con el propósito de fortalecer la autonomía administrativa y financiera del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación.
Respecto del personal bibliotecario, se dispone remitir la información de quienes se acogieron a la transición del régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) a lo previsto en la Codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), junto con la documentación relacionada con el requerimiento de dictamen presupuestario y los actos administrativos mediante los cuales se oficializarán estos cambios.
En materia de incentivos jubilares, se solicita elaborar el protocolo que permita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) emitir certificados para las personas jubiladas con enfermedades catastróficas, así como informar sobre los procesos administrativos en curso para garantizar este derecho. Además, se plantea implementar la normativa y los programas que promuevan la participación de la Agricultura Familiar y Campesina y de la economía popular y solidaria en al menos el 35 % de las adquisiciones del programa de Alimentación Escolar.
Finalmente, la Comisión verificará la realización de las convocatorias para contratar profesionales DECE, destinados a contribuir a la prevención de riesgos psicosociales y al fortalecimiento de la salud mental estudiantil, además del cumplimiento de las demás recomendaciones contenidas en el informe, que será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
EG
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