La Asamblea Nacional conoció el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Promover el Empoderamiento de las Mujeres Rurales, elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
La asambleísta Verónica Íñiguez, ponente del proyecto, señaló que la iniciativa busca “atender una deuda histórica con las mujeres rurales”, quienes, pese a su aporte a la economía y a la alimentación del país, mantienen brechas en el acceso a recursos y oportunidades. Destacó que representan el 50,6 % de la población rural y desarrollan el 69 % de la actividad agrícola, pero solo el 13 % de las unidades productivas agrícolas tiene titularidad femenina.
Explicó que la propuesta se sustenta en cuatro pilares: gestión de riesgos y cambio climático; articulación interinstitucional; saneamiento ambiental y salud; y educación en ciencia y tecnología. En este marco, plantea incorporar los conocimientos de las mujeres rurales en las políticas frente al cambio climático; coordinar a las instituciones existentes mediante un comité, sin crear estructuras paralelas; mejorar el acceso a agua potable y baterías sanitarias; y ampliar la formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para favorecer su incorporación a actividades productivas y técnicas.
El informe reconoce el trabajo no remunerado como uno de los componentes que requiere atención. Para ello, plantea identificar, cuantificar y reducir esta carga, promover la corresponsabilidad familiar y social, y facilitar el acceso de las mujeres cuidadoras rurales a servicios públicos.
Asimismo, establece el Comité Técnico Intersectorial para Mujeres Rurales como instancia de coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a esta población. Entre sus funciones constan la articulación de planes, programas, presupuestos y acciones afirmativas; el establecimiento de indicadores de cumplimiento; la promoción de mecanismos de participación y observación ciudadana; y la incorporación de las organizaciones de mujeres rurales en la definición de políticas públicas.
Por su parte, la asambleísta Mónica Salazar, proponente del proyecto de ley, sostuvo que la norma debe garantizar una aplicación efectiva de los derechos de las mujeres rurales. Explicó que el texto contempla seis ejes: prevención de la violencia y acceso a la justicia; educación, cultura, deporte, recreación y comunicación; salud y autonomía reproductiva; gobernabilidad y participación ciudadana y política; trabajo, cuidados y autonomía económica; y ambiente, gestión del agua y cambio climático.
La legisladora planteó, además, precisar las competencias de las instituciones responsables, eliminar duplicidades y fortalecer los programas existentes, evitando la creación de estructuras paralelas. También pidió preservar los derechos y el espíritu de la iniciativa original, así como corregir los aspectos que puedan dificultar su aplicación.
Tras las intervenciones, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, en aplicación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendió el tratamiento del punto del orden del día y dispuso el retorno del proyecto a la Comisión, a fin de que analice las observaciones planteadas durante la sesión.
JC
Más fotografías:
