La Comisión de Seguridad Integral continuó este miércoles, 23 de septiembre, el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias.
En la sesión recibió observaciones y propuestas de Abelardo Albornoz, director nacional de Patrocinio Nacional de la Procuraduría General del Estado; Renán Andrade, juez de primer nivel y exjuez de la Unidad Especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado; y José Salguero, experto en Derecho Procesal.
Albornoz planteó delimitar los fines para los que las organizaciones sin fines de lucro podrán utilizar bienes incautados o sujetos a medidas cautelares, priorizando ámbitos como salud, bienestar social y protección de niños, niñas y adolescentes. En materia penal, consideró necesario incorporar los delitos contra la administración pública, junto con el lavado de activos, en las disposiciones relacionadas con delincuencia organizada.
Para la inhabilitación profesional, señaló la conveniencia de incluir a contadores y otros profesionales que desarrollen actividades financieras cuando hayan colaborado con organizaciones criminales, medida que debería contemplarse también en la disposición transitoria correspondiente. En cuanto a los bienes tecnológicos incautados, planteó autorizar excepcionalmente su uso institucional, entre ellos drones, computadoras, cámaras y robots, para evitar su deterioro y obsolescencia durante los procesos judiciales.
Andrade consideró necesario incorporar la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, además de la incautación y retención, para impedir su venta o transferencia y preservar la eficacia de la medida.
Sobre la especialización judicial, llamó a adecuar las disposiciones a la actual estructura de la Función Judicial, debido a que la Resolución 187-2026 suprimió la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado. Observó que mantener referencias a unidades que ya no existen podría generar inhibiciones y vacíos de competencia.
En tanto, Salguero recomendó revisar las penas previstas para las figuras de pertenencia funcional y colaboración externa, así como la regulación de la cooperación eficaz reforzada, a fin de garantizar que esta permita obtener información relevante para el desmantelamiento de estructuras criminales. Frente a los bienes sujetos a medidas cautelares, consideró pertinente analizar su utilización y recuperación y revisar el plazo de tres meses previsto para los bienes no reclamados, bajo criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Los comparecientes remitirán sus observaciones y propuestas para conocimiento y análisis de la Comisión.
JC
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