La Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales recibió los criterios de expertos y representantes del sector académico, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Durante la sesión participaron Gabriel Galán, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar; Pamela Paula, vocera de la Red de Técnicos Docentes de las Universidades y Escuelas Politécnicas; Héctor Tapia, PhD en educación superior; y Carlos Mestanza, presidente de la Comisión Gestora de la Universidad Estatal de Orellana.
En su intervención, Galán centró sus observaciones en la metodología de asignación de recursos a las instituciones de educación superior y en la forma en que los criterios de calidad inciden en la distribución del financiamiento público. Señaló la necesidad de reconocer la diversidad y naturaleza de las universidades, diferenciando entre instituciones de pregrado, posgrado, públicas y cofinanciadas, para evitar que sean evaluadas bajo parámetros uniformes que no reflejen sus distintas funciones.
También planteó revisar los criterios relacionados con el número de docentes con título de PhD, la producción científica, la matrícula, la cobertura y la eficiencia terminal. En este contexto, solicitó fortalecer la formación doctoral nacional, así como establecer mayores controles para el reconocimiento de títulos extranjeros y prevenir prácticas de comercialización de programas académicos.
Por su parte, Paula plantea incorporar expresamente al técnico docente como parte del personal académico, en atención a las funciones de enseñanza, tutoría, planificación, evaluación y acompañamiento estudiantil que desempeña. El objetivo es armonizar los artículos 70, 147 y 149, garantizar seguridad jurídica y evitar interpretaciones divergentes sobre sus funciones y derechos dentro del sistema de educación superior.
En tanto, Tapia expuso propuestas relacionadas con la estructura de la LOES, el gobierno y las elecciones en las instituciones de educación superior, la investigación y el control interno. Consideró necesario que la reforma defina con claridad el rumbo del sistema, articule de mejor manera a sus organismos de regulación y evaluación, y fortalezca la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento generado en las universidades.
En materia de gobierno institucional, sostuvo que los procesos de elección de autoridades deben garantizar preparación, transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos y del patrimonio universitario. Asimismo, solicitó que se deje constancia de la necesidad de instalar una mesa técnica para analizar los temas pendientes de la reforma.
Finalmente, Mestanza destacó la importancia de definir con claridad los objetivos de la reforma y de garantizar la calidad de la formación docente y profesional. En su intervención, alertó sobre el impacto financiero que tendrá la creación de nuevas universidades amazónicas y propuso analizar mecanismos permanentes de financiamiento para atender sus necesidades de funcionamiento, investigación, infraestructura y desarrollo académico.
Asimismo planteó revisar los incentivos del escalafón docente, los requisitos para el ejercicio de cargos directivos y las condiciones de formación doctoral. Además, observó la conveniencia de que las exigencias para las autoridades de instituciones públicas y privadas respondan a estándares de excelencia y responsabilidad equivalentes.
La Comisión recibió también a los estudiantes Robinson Patricio Calo Calo y Evelyn Yadira Minta Jami, quienes participaron como “Asambleístas por un Día”, quienes plantearon un programa nacional de permanencia estudiantil y atender las brechas educativas de la ruralidad y garantizar la continuidad y gratuidad de los estudios.
JC
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