La Comisión de Relaciones Internacionales recibió a Anahí Cepeda, especialista en derecho administrativo y constitucional, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La experta destacó la importancia de fortalecer la protección de las familias ecuatorianas que retornan al país tras procesos de deportación.
Cepeda señaló que varias de las reformas planteadas ya están contempladas en la legislación vigente, por lo que recomendó priorizar ajustes mediante agregaciones o modificaciones puntuales, en lugar de sustituir disposiciones existentes. Entre sus observaciones mencionó los artículos relacionados con los sistemas de información, las funciones de los consulados y la protección frente a procesos de deportación.
Respecto a la atención de ecuatorianos deportados, destacó la propuesta de incorporar mecanismos de ayuda inmediata, atención psicosocial, reintegración y asesoría legal. Consideró que estos servicios pueden contribuir a una adecuada reinserción de las personas retornadas y planteó que se aprovechen los servicios públicos existentes para evitar duplicidad institucional y posibles observaciones relacionadas con gasto público.
La especialista también alertó sobre disposiciones que podrían generar riesgos de inconstitucionalidad o afectar derechos reconocidos actualmente. En particular, observó que una modificación de las obligaciones de los consulados podría eliminar garantías como el acompañamiento, el reporte a las autoridades competentes y la protección del debido proceso en casos de deportación, por lo que recomendó preservar estas obligaciones.
En materia de inclusión, llamó la atención sobre la propuesta de eliminar la referencia a medidas de acción afirmativa para las personas ecuatorianas retornadas. Señaló que, si el objetivo es facilitar el acceso a los beneficios para esta población, sería preferible simplificar los requisitos para obtener la condición de persona retornada, antes que eliminar mecanismos destinados a garantizar su inclusión social y económica.
Para finalizar, respecto a la repatriación de restos mortales y al menaje de casa de las personas retornadas, Cepeda consideró positivo establecer plazos para agilizar los procedimientos de repatriación, pero recomendó mantener los documentos necesarios para cumplir con los trámites e identificar adecuadamente a las personas. También observó sobre la propuesta de ampliar las exoneraciones tributarias, señalando que podría generar observaciones constitucionales.
MEV
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