Con 88 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en segundo debate, el Proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil, que establece un nuevo marco normativo para regular, planificar, gestionar, administrar, controlar y sancionar las actividades relacionadas con la aviación civil y aeronáutica en el territorio nacional.
La propuesta busca fortalecer la seguridad operacional y de la aviación, promover el desarrollo sostenible de las actividades aéreas civiles, garantizar los derechos de los usuarios y establecer reglas para el uso adecuado del espacio aéreo, en concordancia con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, Valentina Centeno, destacó que la norma no había sido actualizada en 20 años y señaló que permitirá aprovechar de mejor manera la infraestructura aeroportuaria existente, promover nuevas rutas y frecuencias y generar condiciones para una mayor participación e inversión privada, bajo mecanismos de control y estudios técnicos.
Resaltó la incorporación de una política de cielos abiertos para ampliar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos operadores, además de la regulación y registro obligatorio de aeronaves no tripuladas para fortalecer la seguridad y el control del espacio aéreo. “Esta ley no es solo aeropuertos, vuelos, aviones y drones. Esta ley sirve para aprovechar lo que ya tenemos, para abrirnos a nuevas oportunidades y para generar reglas claras”, concluyó.
El proyecto está estructurado por 215 artículos, ocho títulos y 36 capítulos. Entre sus principales disposiciones, fortalece el rol de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) como autoridad aeronáutica civil y establece mecanismos para la planificación, regulación, control y supervisión de las actividades aeronáuticas. También regula las aeronaves no tripuladas, el personal aeronáutico, los servicios aéreos comerciales, los permisos de operación y los seguros obligatorios.
En materia de protección a los usuarios, la iniciativa incorpora disposiciones relacionadas con la suspensión o interrupción de viajes y los mecanismos de reembolso. Asimismo, establece un descuento del 50 % para adultos mayores y personas con discapacidad, como parte de las medidas contempladas para garantizar condiciones específicas de protección a estos grupos.
La normativa también define los servicios de navegación aérea como prestaciones esenciales y estratégicas, cuya provisión corresponde al Estado a través de la DGAC, bajo condiciones y tarifas uniformes. Otro de los componentes relevantes es el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones, que clasifica las conductas en leves, graves y muy graves y contempla multas y, en determinados casos, la suspensión de permisos, certificados o licencias.
Finalmente, el proyecto contempla una Junta Investigadora de Accidentes con autonomía administrativa, operativa, financiera y decisoria, independiente de la DGAC. Su función será investigar accidentes e incidentes graves con el objetivo de prevenir futuros sucesos.
Durante el debate, en el que participaron 18 legisladores, se resaltó la necesidad de modernizar el sistema de aviación civil, optimizar y poner en funcionamiento la infraestructura aeroportuaria existente, especialmente en la Amazonía, y fortalecer la conectividad para impulsar el turismo y las exportaciones.
El proyecto será remitido al presidente de la República para su sanción u objeción, conforme a la Constitución y la Ley de la Función Legislativa.
MEV
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