Desde la Asamblea Nacional avanzamos en la actualización del Código de la Niñez y Adolescencia, una normativa de carácter preconstitucional que requiere adecuarse a las necesidades actuales de niñas, niños y adolescentes. Tras el segundo debate, la Comisión de Protección Integral tendrá un plazo máximo de ocho días para incorporar las observaciones planteadas por los legisladores y preparar el texto final antes de su votación en el Pleno.
Durante el debate se analizaron temas como tenencia compartida, pensiones alimenticias, adopción, protección de datos, ciberacoso, grooming, trata y violencia telemática, además de la responsabilidad parental y el interés superior del niño.
Como parte de este proceso, impulsaremos mesas técnicas con las distintas bancadas para construir un texto con mayor coherencia técnica y seguridad jurídica, colocando siempre la protección y los derechos de niñas, niños y adolescentes en el centro.
En la CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN No. 113-AN-2025-2029 tratamos los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer y resolver respecto del Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia: Libros I, II y III.
Soy Ana Cristina Guim, asambleísta por la provincia del Guayas. Nací en Guayaquil y he desarrollado mi trayectoria profesional desde la gestión, la dirección de proyectos y la experiencia en el sector privado. Este recorrido me permitió conocer de cerca el esfuerzo que existe detrás de cada iniciativa, emprendimiento y fuente de empleo.
Representar al Guayas implica comprender la diversidad de sus realidades y mantener un vínculo permanente con la ciudadanía. Creo en una política cercana, abierta al diálogo y capaz de integrar las perspectivas de ciudadanos, sectores productivos, profesionales y jóvenes para construir soluciones que respondan a las verdaderas necesidades del país.
Desde la Asamblea Nacional y como integrante de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, impulso iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer la protección de las personas y generar condiciones que favorezcan el desarrollo y el bienestar de los ecuatorianos.