La Comisión de Seguridad Integral, en modalidad virtual, recibió a Renato Rivera, experto en crimen organizado transnacional, y a representantes de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), durante el análisis del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias.
Rivera propuso fortalecer las técnicas especiales de investigación y reducir la dependencia de herramientas como las interceptaciones telefónicas, frente a la evolución tecnológica de las organizaciones criminales. Planteó incorporar el análisis de contexto en las investigaciones por delitos graves y delincuencia organizada, para identificar estructuras, relaciones y dinámicas criminales.
También señaló la necesidad de que la persecución penal se concentre en determinar el funcionamiento y las responsabilidades dentro de estas estructuras, así como sus beneficios económicos, mercados ilícitos y mecanismos de operación. En este marco, consideró que la incorporación de nuevas figuras penales debe estar acompañada de fiscales, herramientas de investigación y formación especializada.
Sobre las reformas al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), observó la necesidad de revisar categorías como pertenencia funcional, relacionamiento activo y colaboración, debido a las dificultades para su acreditación. Asimismo, propuso fortalecer el comiso de bienes vinculados con actividades ilícitas y revisar las multas previstas en el artículo 70 del COIP. En materia de cooperación eficaz y procedimiento abreviado, planteó que las sentencias motiven su aplicación y la contribución realizada al proceso.
Respecto de los delitos de hidrocarburos, Rivera consideró diferenciar las circunstancias del tráfico ilícito de combustibles, especialmente cuando ocurra en zonas fronterizas o esté vinculado con cadenas criminales transnacionales.
Por su parte, Jorge Simbaña, delegado de la ARCH, planteó precisar los mecanismos utilizados por redes ilícitas para facilitar actividades ilegales, como guías de remisión, rutas y documentos con apariencia de legalidad, diferenciando su uso legítimo del empleo deliberado para actividades ilícitas. Como propuesta central, solicitó incorporar en la Ley de Hidrocarburos un capítulo específico de sanciones administrativas, a fin de recuperar herramientas de control que permitan detectar y sancionar irregularidades antes de que deriven en conductas penales.
Gustavo Falconí se refirió acerca de los riesgos que enfrenta la cadena de comercialización de combustibles y GLP, que comprende alrededor de 14.500 sujetos de control. Identificó, entre otras actividades ilícitas, el transporte y comercialización ilegal de combustibles, el desvío de GLP doméstico hacia actividades mineras, el almacenamiento clandestino y el denominado “hormigueo” en zonas fronterizas. También alertó sobre perforaciones y conexiones clandestinas en oleoductos, poliductos y gasoductos, por lo que destacó la necesidad de fortalecer la trazabilidad y los controles administrativos.
Reformas para la búsqueda de personas desaparecidas
La Comisión continuó además el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, unificado con el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, para la Actuación Urgente frente a la Presunta Desaparición Forzada. En este marco intervino Gualdermar Jiménez, delegado del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Entre las propuestas planteó ampliar el concepto de desaparición forzada, conforme a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incorporar mecanismos para atender casos de personas desaparecidas en altamar y de ecuatorianos desaparecidos en el exterior. También recomendó fortalecer la protección de quienes denuncian posibles casos de desaparición forzada, garantizar la conservación de registros y evidencias y mejorar la atención a las víctimas y sus familias.
Finalmente, propuso conformar una mesa de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda para identificar las reformas normativas necesarias y adecuar la legislación a las necesidades detectadas en la construcción de la política pública.
JC