La transparencia en el manejo de recursos y la prevención de flujos financieros irregulares fueron el eje de una de las leyes que la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa tramitó durante agosto de 2025.
El Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, presentado por el Presidente de la República con carácter de urgente en materia económica, buscó establecer mecanismos para fortalecer la transparencia, supervisión y rendición de cuentas de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL), además de incorporar herramientas para prevenir y detectar flujos irregulares de capitales.
Para Diego Franco, el proceso formó parte de su trabajo dentro de la Comisión de Desarrollo Económico durante los primeros meses del período legislativo.
Una ley construida a partir del debate técnico
El tratamiento del proyecto no se limitó a la discusión entre legisladores.
Durante agosto, la Comisión recibió a autoridades públicas y representantes de diferentes sectores para conocer sus observaciones sobre el contenido de la propuesta.
Entre quienes comparecieron estuvieron el director general del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco; especialistas en prevención de lavado de activos y cumplimiento anticorrupción; representantes del sector empresarial y otras instituciones vinculadas con la materia.
Uno de los objetivos fue determinar cómo establecer mecanismos de control que permitieran identificar riesgos sin convertir la regulación en una carga indiscriminada para organizaciones que desarrollan actividades lícitas.
El enfoque basado en riesgos
Uno de los elementos centrales del proyecto fue la clasificación de las organizaciones de acuerdo con su nivel de riesgo.
La propuesta contempló criterios como el volumen de recursos administrados, el origen de los fondos, el alcance territorial de las actividades y los resultados de las evaluaciones nacionales, sectoriales o institucionales de riesgo.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria asumiría funciones de vigilancia, auditoría y control sobre las organizaciones comprendidas dentro del ámbito de la ley.
El enfoque buscó diferenciar entre organizaciones según sus características y nivel de exposición al riesgo, en lugar de aplicar exactamente las mismas medidas de control a todas.
Las observaciones de la sociedad civil y el sector productivo
El proceso también generó observaciones de organizaciones sociales, empresariales y sindicales.
En las comparecencias realizadas el 21 de agosto, representantes del sector privado plantearon observaciones sobre el tratamiento tributario de fondos de inversión y fideicomisos, mientras representantes de organizaciones sindicales expresaron preocupaciones relacionadas con el derecho de asociación y el alcance de los mecanismos de control.
Estas intervenciones fueron parte del proceso de construcción del informe para segundo debate.
Durante una de estas sesiones, Diego Franco presidió la reunión de la Comisión y señaló que continuarían escuchando a los sectores interesados para incorporar aportes al texto.
Del primer debate a la aprobación
El proyecto pasó por el primer debate en el Pleno el 19 de agosto de 2025.
Después de recibir las observaciones de los legisladores y de los distintos actores que participaron en el proceso, la Comisión continuó con la construcción del informe para segundo debate.
El 23 de agosto, la Comisión aprobó ese informe con siete votos afirmativos. El texto incorporó, entre otros elementos, criterios de clasificación por riesgo y una disposición que establecía que las medidas de control no podían utilizarse como mecanismos de persecución política ni como restricciones arbitrarias a la libertad de asociación.
El 26 de agosto de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social con 78 votos afirmativos.
De proyecto a ley vigente
Una vez aprobada por la Asamblea, la ley fue remitida al Ejecutivo.
El Presidente de la República la sancionó y posteriormente fue publicada en el Registro Oficial No. 112, Tercer Suplemento, el 28 de agosto de 2025.
Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo No. 191, publicado el 28 de octubre de 2025, se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social, destinado a desarrollar sus procedimientos, requisitos y mecanismos de control y supervisión.
De esta manera, el proceso no terminó con la votación del Pleno: la etapa posterior incluyó la sanción presidencial, publicación de la ley y desarrollo de su reglamentación.
El papel de Diego Franco
La participación de Diego Franco debe ubicarse dentro de la función de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, no por Franco. Su intervención estuvo relacionada con el tratamiento de la iniciativa dentro de la Comisión, la conducción de sesiones y la recepción de aportes de los sectores convocados.
Esta distinción permite documentar el proceso con precisión: la autoría de la iniciativa correspondió al Ejecutivo, mientras que la Comisión cumplió la función legislativa de análisis, debate y construcción del informe que llegó al Pleno.
Línea de tiempo
7 de agosto de 2025: Diego Franco registra en Instagram el tratamiento del proyecto en la Comisión.
8 de agosto: comparecen autoridades y expertos para aportar al análisis.
13 de agosto: la Comisión aprueba el informe para primer debate.
19 de agosto: primer debate en el Pleno.
21 de agosto: nuevos aportes de organizaciones sociales y empresariales.
23 de agosto: Comisión aprueba el informe para segundo debate.
26 de agosto: el Pleno aprueba la ley con 78 votos.
28 de agosto: publicación en el Registro Oficial No. 112.
28 de octubre: se expide el Reglamento General mediante Decreto Ejecutivo No. 191.
La Ley de Transparencia Social se incorporó así al ordenamiento jurídico ecuatoriano como una norma orientada a fortalecer los mecanismos de transparencia, supervisión y control de organizaciones sociales y a establecer herramientas para prevenir y detectar flujos financieros irregulares.
Manabita formado con el ejemplo de su gente trabajadora, solidaria y resiliente. Desde temprana edad entendí el valor del emprendimiento y la importancia de acompañar a quienes construyen el futuro desde la costa. Esa visión me llevó a estudiar Ciencias Empresariales en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y luego a obtener una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).
A lo largo de mi carrera, he asumido diversos retos con un enfoque claro, generar desarrollo y bienestar desde lo local. Como Coordinador de Desarrollo Económico del Municipio de Manta, impulsé políticas para atraer inversión y fomentar empleo. Fui concejal, y luego vicealcalde de Manta, cargo desde el cual promoví la ordenanza para el fomento de emprendedores y asumí temporalmente la alcaldía para dar continuidad a la gestión municipal. También fui presidente de la Cámara Empresarial de Manta, trabajando por una economía más articulada y productiva.
En 2025, fui elegido como asambleísta por el movimiento ADN7 y actualmente soy vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Hoy, desde la Asamblea Nacional, mi compromiso es legislar para que el país avance, para que Manabí crezca, y para que las y los ecuatorianos tengan acceso a oportunidades reales, especialmente quienes trabajan en el campo, el mar y los pequeños negocios.
Mi vocación es clara: servir, escuchar y transformar con responsabilidad. Estoy aquí para construir un Ecuador más justo, productivo y cercano a su gente.
