La atención integral de la obesidad requiere también sostenibilidad. En el análisis del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad, recibimos nuevos aportes de la Superintendencia de Compañías, FEDESEG y AEEMIP, previo a su segundo debate.
Las instituciones coincidieron en la necesidad de evaluar el impacto técnico y financiero de las nuevas obligaciones de cobertura, además de fortalecer la prevención, la educación y los hábitos saludables.
La AEEMIP informó que el sector de medicina prepagada financia alrededor de USD 500 millones anuales en prestaciones para aproximadamente 1,5 millones de usuarios. Por ello, planteó analizar los efectos económicos de nuevas coberturas antes de incorporarlas a la normativa.
En la SESIÓN Nro. 170-CEPDSD-2025-2027 tratamos los siguientes puntos del orden del día:
PUNTO ÚNICO: Recibir aportes al Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las personas con Obesidad, en trámite para segundo debate, por parte de las siguientes instituciones y organizaciones:
· Superintendencia De Compañías
· Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros – FEDESEG
· Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada - AEEMIP
Soy Ana Cristina Guim, asambleísta por la provincia del Guayas. Nací en Guayaquil y he desarrollado mi trayectoria profesional desde la gestión, la dirección de proyectos y la experiencia en el sector privado. Este recorrido me permitió conocer de cerca el esfuerzo que existe detrás de cada iniciativa, emprendimiento y fuente de empleo.
Representar al Guayas implica comprender la diversidad de sus realidades y mantener un vínculo permanente con la ciudadanía. Creo en una política cercana, abierta al diálogo y capaz de integrar las perspectivas de ciudadanos, sectores productivos, profesionales y jóvenes para construir soluciones que respondan a las verdaderas necesidades del país.
Desde la Asamblea Nacional y como integrante de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, impulso iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida, fortalecer la protección de las personas y generar condiciones que favorezcan el desarrollo y el bienestar de los ecuatorianos.
