Durante el primer debate de la denominada Ley Antimafias, el asambleísta Andrés Castillo defendió la necesidad de dotar al Estado de herramientas más fuertes para enfrentar al crimen organizado y cuestionó los argumentos que, a su criterio, pretenden relacionar la delincuencia con la condición económica de las personas.
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades jurídicas, institucionales y operativas del Estado para combatir a las estructuras criminales y afectar los recursos que sostienen su funcionamiento.
Durante su intervención, Castillo fue enfático al rechazar que la pobreza pueda ser utilizada como argumento para relativizar la responsabilidad de quienes participan en actividades criminales.
“Dejen de faltarle el respeto a la gente pobre”, manifestó el legislador al dirigirse a sectores de la oposición, al señalar que millones de ecuatorianos enfrentan diariamente dificultades económicas sin que aquello los convierta en delincuentes ni justifique la comisión de delitos.
Para Castillo, el desafío que enfrenta el Ecuador exige comprender que el crimen organizado supera la actuación individual de quienes ejecutan un delito. Detrás existen estructuras con financiamiento, logística, jerarquías, capacidad de reclutamiento, control territorial y mecanismos destinados a sostener sus operaciones.
Por ello, sostuvo que la respuesta estatal debe dirigirse también contra quienes organizan, financian, coordinan o facilitan el funcionamiento de estas redes. En su intervención defendió la aplicación de criterios asociados a lo que en la doctrina penal se conoce como “derecho penal del enemigo”, partiendo de su consideración de que las organizaciones criminales constituyen una amenaza directa contra el Estado y la seguridad de la población.
La propuesta legislativa apunta precisamente a ampliar la capacidad estatal para enfrentar de manera integral a estas estructuras: no únicamente frente a los hechos violentos que producen, sino también sobre su patrimonio, financiamiento, logística, capacidad operativa e infiltración institucional.
Para Castillo, fortalecer estas herramientas tiene un objetivo concreto: recuperar la tranquilidad de los ecuatorianos y reducir el poder que las organizaciones criminales han adquirido sobre distintos territorios y actividades económicas.
“Estamos trabajando para devolverle la paz a la gente”, enfatizó.
Tras el primer debate en el Pleno, el proyecto regresó a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para continuar su análisis y preparar el informe correspondiente para segundo debate.
Andrés Felipe Castillo Maldonado es actualmente asambleísta por la provincia de Pichincha, representante de la circunscripción 1, bajo la bandera del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral 2025 – 2027.
Andrés es abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Estudios Políticos Aplicados por la Universidad Complutense de Madrid; y un Diplomado en Seguridad Pública por el Miami Dade College, Estados Unidos.
Además, ha desempeñado roles como asesor parlamentario, docente universitario y ahora legislador.
