El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 84 votos, una resolución para que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio lleve adelante un proceso de fiscalización sobre las denuncias ciudadanas relacionadas con presuntos cobros duplicados, indebidos o injustificados a usuarios del Peaje Oswaldo Guayasamín.
La Comisión deberá conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos denunciados, así como examinar las posibles afectaciones a los derechos e intereses de las personas usuarias. Para ello, podrá requerir información, documentación e informes técnicos, y disponer la comparecencia de autoridades, servidores públicos, representantes institucionales, expertos y otras personas que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
Como parte de sus actuaciones, la mesa legislativa deberá presentar al Pleno de la Asamblea Nacional un informe con las conclusiones, observaciones y recomendaciones que se deriven de la fiscalización.
Durante el debate, el asambleísta Xavier Ordóñez, ponente de la resolución, señaló que las denuncias sobre cobros múltiples requieren una revisión institucional y transparente. “Es grave que se afecte el bolsillo de la ciudadanía y que una persona pueda pagar más de una vez por un servicio que ya canceló”, manifestó.
Sostuvo que, de acuerdo con información expuesta públicamente, existirían usuarios que habrían registrado dos, tres, cuatro e incluso más cobros por un mismo concepto. En este contexto, consideró necesario determinar el número de casos, los montos involucrados y el destino de los recursos recaudados.
Asimismo, planteó la necesidad de examinar aspectos relacionados con el modelo de operación y contratación del sistema de recaudación del peaje, así como una controversia judicial vinculada con este proceso. Precisó que estos elementos deberán ser analizados sobre la base de documentación y evidencia verificable, sin prejuzgar responsabilidades.
Finalmente, Ordoñez enfatizó que la resolución permitirá a la Asamblea Nacional ejercer sus atribuciones de fiscalización y contribuir al esclarecimiento de las denuncias ciudadanas, mediante un proceso sustentado en información verificable y con transparencia.
RSA
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