Los asambleístas Liliana Durán, Patricia Núñez y Vicente Báez presentaron el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para Fortalecer la Igualdad, el Pluralismo y las Garantías del Ejercicio Parlamentario, iniciativa que plantea condiciones equitativas para las bancadas y el fortalecimiento de los derechos en la Asamblea Nacional.
La propuesta establece que todas las bancadas legislativas legalmente reconocidas cuenten con un espacio físico institucional dentro del Palacio Legislativo, asignado bajo criterios de igualdad, proporcionalidad y funcionalidad, sin distinción entre mayoría, minoría, oficialismo u oposición.
Asimismo, incorpora garantías frente a eventuales traslados o reubicaciones. Cualquier modificación deberá estar debidamente motivada y sustentada en razones objetivas, además de garantizar un espacio de condiciones equivalentes que permita mantener el normal desarrollo del trabajo parlamentario.
En materia disciplinaria, el proyecto incorpora principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, debido proceso, igualdad, imparcialidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y motivación. También busca proteger la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria, diferenciando la crítica política, incluso severa, de conductas como agresiones personales, expresiones discriminatorias, incitación al odio o a la violencia.
Para fortalecer la transparencia, se propone crear un Registro Público de Decisiones Disciplinarias, de libre acceso y en formatos abiertos, que permita conocer las conductas denunciadas, las normas aplicadas, los hechos probados, las decisiones adoptadas, las sanciones impuestas y los criterios utilizados para determinar responsabilidades y graduarlas.
La iniciativa también plantea fortalecer el pluralismo mediante la presentación de informes de minoría debidamente motivados, que deberán ser puestos en conocimiento del Pleno junto con los informes de mayoría. Además, establece reglas de abstención para integrantes del Consejo de Administración Legislativa cuando exista conflicto de interés y dispone criterios de coherencia para decisiones sobre casos materialmente comparables.
Finalmente, el proyecto incorpora garantías para el ejercicio del control político durante las comparecencias ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, al establecer que las autoridades sometidas a juicio político deberán comparecer de manera personal e indelegable, mientras que la participación telemática se limitará a casos de fuerza mayor debidamente comprobados. La propuesta también fija plazos para que el Consejo de Administración Legislativa y la Secretaría General adecuen sus reglamentos y procedimientos.
MEV
