En cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización y Control Político continuó el proceso integral de fiscalización sobre las actuaciones de las autoridades responsables del manejo y tratamiento del agua en los gobiernos autónomos descentralizados.
En esta jornada, la Comisión recibió información de la Contraloría General del Estado, presentada por Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría, quien informó sobre las acciones de control desarrolladas en este ámbito.
Sulca señaló que, entre 2016 y lo que va de 2026, se emitieron 610 informes de auditoría a empresas municipales de agua potable, de los cuales 62 contienen indicios de responsabilidad penal. Explicó que las auditorías abarcaron aspectos relacionados con la operación e infraestructura hídrica, procesos precontractuales, contractuales y de adjudicación de obras, así como la gestión de las empresas.
Respecto de la planta de tratamiento de agua de La Estancilla, en Manabí, informó sobre cuatro informes generales de auditoría relacionados con su gestión comercial y financiera, el control y aseguramiento de activos y la recuperación de gastos efectuados.
La funcionaria también informó sobre 155 informes relacionados con la aplicación de la Ley de Solidaridad para la reconstrucción posterior al terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí, de los cuales 13 contienen indicios de responsabilidad penal.
Asambleísta por la provincia de Tungurahua
