La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves, 1 de octubre, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), específicamente en lo relacionado con los delitos ambientales, recibió los aportes técnicos de Hugo Echeverría, de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente; y de Jorge Villa, de la Fundación EcoCiencia, con el propósito de precisar algunas de las disposiciones contempladas en esta normativa.
En este contexto, Echeverría recordó que Ecuador fue pionero en establecer normas relacionadas con disposiciones de carácter penal en materia ambiental. Sin embargo, señaló que, en los últimos años, el país se ha rezagado respecto de la legislación internacional. Mencionó que, en 2011, las Naciones Unidas llamaron la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de fortalecer el derecho penal ambiental y que, en 2013, hicieron énfasis en el fortalecimiento de la lucha contra el tráfico de vida silvestre.
Por ello, añadió que es necesario que la ley recoja también la preocupación expresada por las Naciones Unidas, que en 2025 insistieron en que el tráfico ilícito de flora y fauna silvestres puede constituir un delito de carácter grave y que estas actividades son explotadas cada vez más por organizaciones delictivas transnacionales. En este sentido, consideró que la reforma tiene especial trascendencia y que representaría un salto cualitativo para Ecuador en la defensa del ambiente.
Por su parte, Villa alertó sobre las graves consecuencias que provocan en el ambiente las actividades de minería ilegal, entre ellas, la deforestación, la contaminación, la destrucción de ecosistemas, la pérdida de hábitats naturales y, particularmente, la afectación de áreas protegidas, lo que, desde una perspectiva científica, configura un ecocidio.
Este fenómeno ocurre con mayor intensidad en sectores de la Amazonía sur, como la provincia de Zamora Chinchipe, donde, mediante imágenes digitales, se ha evidenciado la presencia de más de 300 campamentos ilegales. De esta manera, sostuvo que el problema ha dejado de ser exclusivamente ambiental para convertirse también en un asunto de seguridad, que debe ser enfrentado mediante una legislación que facilite la denuncia y permita una acción oportuna de la justicia.
EG
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