La Comisión de Fiscalización y Control Político, en sesión desarrollada en Guayaquil, aprobó con seis votos afirmativos el informe motivado que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
El informe concluye que no se acreditó un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones prevista en el artículo 131 de la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ello, la Comisión determinó que no existen méritos ni elementos probatorios suficientes para atribuir responsabilidad política a la exfuncionaria.
Según el informe, no se demostró una relación causal directa entre las competencias legales de la exministra y las actuaciones precontractuales, contractuales, de recepción técnica o de desembolso relacionadas con el contrato emergente de CELEC EP, las cuales corresponden a las competencias de la empresa pública y sus unidades de negocio.
Con esta resolución, el informe motivado será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que deberá continuar con el trámite correspondiente.