La ejecución de recursos destinados a seguridad, equipamiento, infraestructura y operaciones militares fue expuesta ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario, durante el análisis del informe de ejecución del Presupuesto General del Estado correspondiente al periodo enero-junio de 2026.
Pablo Rivera Meza, coordinador general de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio del Interior, informó que de un presupuesto codificado de USD 138,23 millones, la entidad registró un devengado de USD 48,94 millones, equivalente al 34,45 %. Asimismo, señaló que hasta septiembre la ejecución alcanzó el 47,85 %.
Entre los principales proyectos ejecutados mencionó los relacionados con equipamiento básico, renovación vehicular, implementación de la plataforma tecnológica para la Policía Nacional, construcción de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y acciones de prevención y combate al delito.
Por su parte, Sara Valarezo Ortiz, de la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Defensa Nacional, informó que entre enero y junio esta cartera de Estado ejecutó USD 805,58 millones, que representan el 43,18 % del presupuesto codificado.
Del total ejecutado, el 43,09 % correspondió a gasto corriente y el 44,09 % a gasto de inversión. Entre los rubros expuestos consta la actividad relacionada con el conflicto armado interno, que registró un devengado de USD 40,24 millones. Entre los resultados alcanzados, destacó la neutralización de las capacidades de los grupos armados organizados (GAO).
En otro punto de la sesión, la mesa legislativa recibió a la asambleísta Karolina Dueñas, proponente del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la Generación de Empleo y Desarrollo Económico Territorial.
Dueñas sostuvo que la contratación pública puede convertirse en un mecanismo para vincular la inversión estatal con la generación de oportunidades laborales en las distintas provincias. Señaló que, de acuerdo con la ENEMDU 2025, existen territorios que presentan condiciones desfavorables en indicadores de desempleo, empleo adecuado y subempleo.
Ante esta situación, propuso incorporar criterios laborales territoriales al Sistema Nacional de Contratación Pública, de manera que hasta el 60 % de la mano de obra, servicios, insumos, subcontratistas o proveedores vinculados a los contratos corresponda a personas o actores económicos del territorio donde se ejecuten los proyectos.
AM
