La Comisión de Seguridad Integral recibió observaciones y propuestas del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) respecto de dos proyectos de ley orientados a fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado y mejorar los sistemas de seguridad y videovigilancia.
En el tratamiento de la Ley Antimafias, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paul Ocaña, planteó revisar la proporcionalidad del incremento de penas y sustentarlo en estudios criminológicos y en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. También recomendó analizar si determinadas conductas deben establecerse como nuevos delitos o como agravantes.
Sobre la prisión preventiva, señaló que debe mantenerse como una medida excepcional y advirtió sobre disposiciones que puedan afectar la presunción de inocencia o trasladar la carga de la prueba. En este sentido, sostuvo que corresponde a la Fiscalía General justificar su aplicación con base en los riesgos procesales. Ocaña también observó la incorporación de la figura de “pertenencia funcional”, al considerar que el Código Orgánico Integral Penal ya establece diferentes niveles de participación en el delito de delincuencia organizada. Propuso, además, analizar el reclutamiento de menores como una agravante especial.
Otro de sus planteamientos fue delimitar la responsabilidad de abogados, contadores y otros profesionales, a fin de diferenciar el ejercicio legítimo de la defensa y la asesoría técnica de una colaboración dolosa con actividades delictivas. “El ejercicio del derecho a la defensa y la consultoría técnica no deben criminalizarse”, sostuvo.
Además, propuso mantener evaluaciones patrimoniales periódicas a los funcionarios judiciales para detectar posibles incrementos de patrimonio que no guarden relación con sus ingresos y prevenir actos de corrupción.
En el caso del proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones no Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad, unificado con el proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia, la Comisión recibió los aportes de la AME. Su delegada, Johana Peralta, planteó establecer criterios técnicos claros para la implementación de los sistemas de videovigilancia y revisar su articulación con las competencias municipales, especialmente en el uso y ocupación del suelo y los espacios públicos.
También propuso que la información captada por los sistemas municipales pueda estar al servicio de la Policía Nacional cuando contribuya a prevenir delitos o investigar hechos penales, sin afectar la titularidad municipal sobre los equipos y espacios.
Entre sus principales aportes, solicitó precisar el uso de imágenes obtenidas mediante dispositivos de control de tránsito y fortalecer la interoperabilidad entre las cámaras municipales, los sistemas de vigilancia y los dispositivos de control operativo de tránsito. La AME planteó, además, otorgar un plazo de 18 meses a los gobiernos autónomos descentralizados para ampliar la cobertura, adquirir equipos y garantizar redes estables.
Asimismo, propuso establecer mecanismos de cooperación y financiamiento que permitan asumir los costos de ampliación e interoperabilidad de los sistemas y garantizar su conexión con la infraestructura nacional de telecomunicaciones.
La Comisión solicitó a los comparecientes remitir sus aportes para incorporarlos en los informes correspondientes.
JC
