La Comisión de Seguridad Integral continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias, con los aportes de Gandhi Vela, experto en Derecho Constitucional, y de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Vela señaló que el proyecto debe fortalecer la persecución de las estructuras criminales sin afectar las garantías constitucionales. Entre sus propuestas, recomendó identificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas utilizadas para actividades ilícitas y fortalecer los mecanismos de control cuando estas entidades sean empleadas con fines delictivos. A su criterio es necesario diferenciar con claridad el delito de captación con fines de delincuencia organizada del delito de trata de personas, precisar los elementos objetivos de las conductas sancionadas y fortalecer la motivación de las reformas relacionadas con la prescripción de delitos vinculados con organizaciones criminales.
El especialista sostuvo que la persecución penal debe orientarse a desarticular las organizaciones como estructuras, mediante la identificación de sus mandos, mecanismos de financiamiento y formas de operación, y no limitarse a investigar hechos aislados. En este sentido, propuso fortalecer los mecanismos para identificar, localizar y capturar a quienes ejercen funciones de dirección, financiamiento, mando o control dentro de estas organizaciones, así como reforzar las alertas migratorias para prevenir su fuga.
Otro de los puntos centrales de su intervención fue la necesidad de afectar la liquidez y las economías ilícitas de las organizaciones criminales. Recomendó fortalecer las capacidades de la UAFE y de la Fiscalía General del Estado para identificar a las personas naturales que se benefician de las operaciones y recursos de estas estructuras. Vela enfatizó que estas medidas deben aplicarse sin invertir la carga de la prueba ni restringir el derecho a la defensa, por lo que la Fiscalía debe sustentar sus actuaciones con elementos sólidos y una motivación reforzada.
Por su parte, Diego Narváez, director de Patrocinio Judicial de la Superintendencia, planteó incorporar a la iniciativa disposiciones para enfrentar el tráfico y la ocupación irregular de tierras, al advertir que estas prácticas pueden estar vinculadas con estructuras de delincuencia organizada y con otras actividades ilícitas, como la minería ilegal, la tala y la especulación de tierras.
Entre sus propuestas, planteó incorporar como agravantes el uso de armas de fuego, explosivos o sustancias peligrosas en los delitos de desplazamiento interno forzado y confinamiento forzado por violencia criminal. También propuso sancionar con mayor severidad cuando la persona infractora obtenga beneficios económicos mediante el arrendamiento, administración, fraccionamiento o venta de lotes, así como cuando estas conductas recaigan sobre áreas protegidas, bienes de dominio público o zonas declaradas de riesgo.
Como parte de las reformas, sugirió crear nuevos tipos penales para sancionar la captura criminal de decisiones territoriales, cuando organizaciones delictivas interfieran en decisiones públicas relacionadas con la planificación, el uso y la gestión del suelo, la regularización de asentamientos, la adjudicación de tierras, el catastro o el registro de la propiedad. Añadió la instrumentalización de funciones públicas, la manipulación de información territorial, catastral o registral y la obstrucción de las labores de vigilancia y control de las entidades competentes.
Las observaciones serán consideradas por la Comisión durante el análisis y elaboración del informe para segundo debate.
JC
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