La asambleísta por Los Ríos, Mónica Salazar, presentó el Proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad y el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, que busca reducir las brechas que enfrentan en el acceso a servicios, recursos productivos, empleo, salud, educación y justicia.
Salazar explicó que la nueva iniciativa busca que las instituciones públicas consideren las condiciones particulares de las personas que viven en zonas rurales al momento de prestar sus servicios. Como ejemplo, se refirió al acceso a la salud y señaló que, aunque este derecho está reconocido, la asignación de una cita médica no siempre toma en cuenta las dificultades de traslado que enfrentan las mujeres rurales. “Hay mujeres que pasan por canoa o caminan dos horas para poder llegar y, cuando termina su cita médica, ni siquiera van a encontrar un carro para regresar a sus recintos”, manifestó.
La iniciativa reconoce derechos específicos de las mujeres rurales y establece seis ejes de acción: violencia y justicia; educación, cultura y deporte; salud; participación; ambiente, agua y cambio climático; y trabajo, cuidados y autonomía económica.
La propuesta contempla además la creación de un Comité Interinstitucional para las Mujeres Rurales, integrado, entre otros, por tres representantes de este sector, con el propósito de coordinar la aplicación de la ley y presentar un informe anual sobre sus avances. Al respecto, Salazar señaló que se busca que la atención pública responda a las condiciones territoriales que enfrentan estas mujeres. “No por ningún tipo de privilegio, sino por las condiciones de vida: geográficamente alejadas de los centros poblados, con falta de caminos y, en algunos casos, de comunicación”, afirmó.
La legisladora precisó que la reforma no contempla la creación de nuevas entidades, tributos, subsidios ni partidas presupuestarias. Su objetivo es establecer disposiciones para que las instituciones públicas incorporen estas realidades en la planificación y prestación de sus servicios.
GO
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