La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continuó, en modalidad virtual, el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. En esta jornada recibió las observaciones y aportes de Arturo Gaitán, abogado especialista en Derecho Penal.
El especialista señaló la necesidad de que las reformas respeten los principios de legalidad, tipicidad y certeza jurídica, y mantengan una adecuada articulación entre la normativa especial y los tipos penales de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes previstos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Recomendó evitar la creación de tipos penales paralelos y planteó incorporar una cláusula de remisión al COIP, así como revisar las nuevas conductas, agravantes y definiciones para prevenir duplicidades, contradicciones o vacíos de punibilidad. También consideró necesario precisar conceptos como explotación laboral, servidumbre y trabajo forzoso, mediante definiciones técnicas o remisiones a estándares internacionales, entre ellos el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entre otros aspectos, Gaitán sugirió revisar la proporcionalidad de las penas y agravantes; incorporar de manera expresa el principio de no punibilidad de las víctimas por delitos cometidos como consecuencia directa de su situación de victimización; y analizar las causales de excusa o exención aplicables a servidores públicos e inspectores, para evitar espacios de impunidad.
Asimismo, armonizar la propuesta con la normativa internacional y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, con el fin de evitar la criminalización de las víctimas migrantes y mantener una diferenciación clara entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Por su parte, la asambleísta Paola Cabezas destacó el trabajo técnico de la Comisión y señaló que la reforma debe fortalecer la prevención, protección y persecución de los delitos de trata de personas, así como evitar nuevas situaciones de explotación.
En este contexto, planteó reformar la Ley de Compañías para garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación integral dispuestas en sentencias constitucionales, tomando como referencia el caso Furukawa. La propuesta busca asegurar la continuidad de estas obligaciones, incluso ante la disolución de una persona jurídica o el fallecimiento de una víctima.
La presidenta de la Comisión, Lucía Jaramillo, destacó que los aportes recibidos permitirán enriquecer el proyecto. Señaló que la mesa legislativa continuará analizando las observaciones antes de que el texto unificado pase a segundo debate, con el objetivo de garantizar la protección y reparación efectiva de las víctimas.
JC