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Establecer límites claros y mecanismos de protección frente a una decisión irreversible fue el eje de los criterios presentados por los especialistas en Derecho Constitucional y Penal, Santiago Velázquez y Paolo Domínguez, durante el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia.
Ambos plantearon una regulación restrictiva y garantista, con la exclusión expresa de niñas, niños y adolescentes, además de salvaguardas frente a posibles presiones, conflictos de interés o coerción. También propusieron delimitar las funciones de quienes custodien una voluntad anticipada, sin que puedan sustituir la decisión del paciente.
Los expertos destacaron, además, la importancia de incorporar cuidados paliativos, evaluaciones médicas y psicológicas, segundas valoraciones, comités especializados y acompañamiento familiar, garantizando que la voluntad sea informada, personalísima y pueda ser revisada o revocada conforme a las condiciones legales y médicas.
