En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, la Comisión del Derecho a la Salud recibió los aportes de especialistas en los ámbitos médico y jurídico, con el propósito de examinar aspectos relacionados con la capacidad de decisión de los pacientes, las salvaguardas para su protección y la aplicación de los procedimientos previstos en la propuesta normativa.
Durante la sesión, la especialista en neurología pediátrica Verónica Quintana expuso criterios sobre el neurodesarrollo y la capacidad para tomar decisiones complejas en niños y adolescentes, con énfasis en la maduración progresiva de las funciones cerebrales y ejecutivas.
Por su parte, la médica Lorena Gutiérrez planteó la necesidad de fortalecer las garantías para una decisión libre, informada y voluntaria. Entre sus recomendaciones constan la valoración psicológica, la evaluación psiquiátrica cuando corresponda, la participación de equipos multidisciplinarios, la incorporación de una segunda opinión médica independiente y la valoración especializada en cuidados paliativos cuando exista disponibilidad.
Asimismo, señaló la importancia de identificar posibles situaciones de vulnerabilidad social, económica o familiar que puedan incidir en la decisión del paciente, así como de establecer mecanismos para documentar y ratificar su voluntad.
En tanto, el abogado Eduardo Caguana propuso analizar la participación de los distintos subsistemas del Sistema Nacional de Salud, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública, además de precisar los mecanismos de habilitación de los establecimientos, control, seguimiento y régimen sancionatorio.
También destacó la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para la ejecución del procedimiento y de revisar la coherencia de las definiciones y disposiciones contenidas en el proyecto de ley.
Los aportes expuestos permitieron identificar aspectos médicos, sociales y jurídicos que requieren análisis dentro del proceso legislativo, con énfasis en la protección de los derechos de los pacientes, la seguridad jurídica y la articulación del Sistema Nacional de Salud.
RSA