La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad recibió los aportes de expertos y representantes vinculados con la defensa de los derechos del pueblo afroecuatoriano, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Reconocimiento y Protección de los Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano.
Las intervenciones se centraron en la necesidad de precisar las garantías jurídicas, fortalecer las políticas públicas y establecer mecanismos de financiamiento, reparación y seguimiento que permitan aplicar las disposiciones de la normativa.
Patricia de la Cruz presentó observaciones a los 88 artículos del proyecto y recomendó mejorar la técnica legislativa, delimitar las competencias institucionales y establecer obligaciones verificables. También planteó revisar la propuesta de crear un Consejo Nacional de Igualdad específico para el pueblo afroecuatoriano, así como precisar los conceptos relacionados con los derechos originarios, los territorios ancestrales y las tierras comunitarias.
En materia de desarrollo e identidad cultural, propuso realizar un censo de las comunidades del valle del Chota y la cuenca del río Mira, promover la enseñanza de la historia afroecuatoriana en las universidades y proteger los conocimientos ancestrales, las expresiones artísticas y las prácticas tradicionales. Además, destacó la iniciativa de crear el Instituto Tecnológico Superior del Valle del Chota, con programas que articulen la formación académica y los saberes comunitarios. Sugirió establecer fuentes de financiamiento para implementar las medidas previstas en la ley.
Por su parte, Juan Nazareno recomendó organizar de manera expresa los derechos colectivos reconocidos en la Constitución, entre ellos la no discriminación, la consulta prelegislativa, la protección del patrimonio cultural y el reconocimiento de las autoridades del pueblo afroecuatoriano, a fin de facilitar su aplicación y exigibilidad.
Asimismo, planteó fortalecer la coordinación entre los Consejos Nacionales para la Igualdad, incorporar enfoques que consideren las distintas formas de discriminación y analizar mecanismos de especialización para investigar y juzgar delitos de odio y discriminación. También propuso articular la normativa con el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de evaluar recursos específicos para financiar políticas dirigidas a esta población.
En tanto, Ismael Bernal expuso observaciones sobre los resultados del Censo de 2022, la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, el racismo ambiental, la transparencia en materia de seguridad y la investigación de presuntas vulneraciones de derechos humanos en Esmeraldas y Guayas. Entre sus propuestas constan fortalecer la fiscalización, el acceso a la información y la coordinación interinstitucional, así como establecer mecanismos de investigación, reparación y seguimiento.
JC
