En esta intervención se destaca la urgencia de una reforma integral a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual no ha sido actualizada en casi 20 años subrayando tres pilares fundamentales del proyecto: la regulación de los servicios de delivery para proteger la vida y mejorar la seguridad frente al uso indebido de estos medios por parte de la delincuencia, la desarticulación de la "mafia de los radares" y fotomultas, y el control contra la corrupción en la matriculación vehicular de ciertos municipios pequeños. Finalmente, se defiende la necesidad de un marco jurídico sólido que, sumado a la decisión política del gobierno y el trabajo de la fuerza pública, permita combatir eficazmente el crimen organizado, reafirmando el apoyo a las medidas que priorizan la protección de la vida de los ciudadanos.
