En esta intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional se denuncia con las irregularidades detectadas en los protocolos de seguridad de los sistemas de videovigilancia gestionados por SEGURA EP en Guayaquil y se rechaza que se califique de "cortina de humo" el trabajo de fiscalización realizado por la Comisión de Seguridad, enfatizando que permitir el acceso no autorizado a cámaras, grabaciones y sistemas de georreferenciación, pues constituye un grave acto de corrupción que compromete la seguridad nacional y pública.
También se advierte que la creación de "salas espejo" administrativas mediante procesos informales sienta un precedente nefasto y exige que el Estado garantice la independencia técnica de estos sistemas, evitando que queden al alcance de actores políticos o grupos vinculados al crimen organizado.
