En la sesión 129 se expuso una postura a favor del juicio político contra David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Durante la intervención se aclaró que, a diferencia de un proceso penal, en un juicio político no se requiere el estándar probatorio de "certeza" o "más allá de toda duda razonable" sino la evaluación de principios éticos y funcionales.
Así mismo se argumentó que el funcionario incurrió en un claro conflicto de interés al sostener una reunión con una aspirante al cargo de Fiscal General del Estado, comprometiendo así la independencia y transparencia de la institución.
Basándose en pericias que validan la autenticidad de las pruebas, se concluyó respaldando el informe de la comisión de fiscalización, abogando por la censura y destitución de Rosero para sentar un precedente necesario en el ejercicio del servicio público.
