La Comisión de Seguridad Integral avanzó en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias, iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno. Durante la sesión semipresencial, representantes del Ministerio de Defensa y de la Cámara de Minería del Ecuador expusieron observaciones y propuestas.
El general de brigada Edwin Cañizares, subsecretario de Defensa Nacional, y la teniente coronel Martha Lugo expresaron el respaldo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) al proyecto y presentaron recomendaciones técnicas para su aplicación. El oficial destacó la importancia de fortalecer las disposiciones del COIP, para abarcar a quienes dirigen, financian, planifican o colaboran con organizaciones criminales mediante tareas de vigilancia, comunicación, abastecimiento y protección de rutas. También resaltó las sanciones relacionadas con el reclutamiento de niños y jóvenes, el uso de inmuebles y medios de transporte para actividades ilícitas y los delitos vinculados con hidrocarburos. Además, recomendó reformular el artículo 265 del COIP para incorporar la expresión “espacios acuáticos nacionales” y ampliar el ámbito de aplicación de la norma más allá del mar territorial.
Por su parte, Lugo planteó establecer criterios objetivos para la asignación provisional de bienes vinculados con actividades criminales, tanto en procesos penales como en procedimientos de extinción de dominio, en concordancia con el artículo 74 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. La propuesta contempla considerar la naturaleza y utilidad pública de los bienes, su relación con las competencias de la institución solicitante y su capacidad técnica, logística y presupuestaria para utilizarlos, conservarlos, mantenerlos y restituirlos. De esta manera, las FF.AA. podrían solicitar la asignación provisional de vehículos, embarcaciones, maquinaria y equipos útiles para sus operaciones. Lugo destacó la importancia de establecer responsabilidades claras sobre la custodia, el mantenimiento y la restitución de estos recursos.
Por su parte, Daniela Erazo, delegada jurídica de la Cámara de Minería, planteó delimitar con precisión los tipos penales y la responsabilidad de las personas jurídicas, así como establecer excepciones para situaciones de fuerza mayor y el ejercicio legítimo de los derechos laborales. También recomendó que la colaboración externa con organizaciones criminales implique demostrar el conocimiento y la voluntad de contribuir a fines delictivos, y que no se responsabilice a propietarios cuyos bienes, instalaciones o maquinaria sean utilizados sin su conocimiento o consentimiento, especialmente en casos de coacción o extorsión.
Respecto del comiso y la incautación, propuso reforzar la notificación y los mecanismos de oposición de propietarios, arrendadores y acreedores legítimos; establecer reglas para la conservación y restitución de bienes; y fortalecer los controles sobre la venta anticipada y la declaratoria de abandono, especialmente cuando se trate de maquinaria de alto valor o bienes de terceros de buena fe.
Erazo también consideró excluir a las personas jurídicas privadas sin fines de lucro como destinatarias de esta asignación, para priorizar el fortalecimiento de las instituciones públicas.
JC
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